El presidente del Supremo cree que la reforma del CGPJ "herirá de muerte" la independencia judicial

La reforma del sistema de nombramiento de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que prepara el Gobierno para trasladar la representatividad del Parlamento a este órgano supondría, en palabras de su presidente, "herir de muerte la independencia judicial y lastrar la forma definitiva la credibilidad de nuestra justicia". Así de contundente se ha mostrado hoy Francisco José Hernando en el Congreso, donde ha criticado duramente la reforma anunciada por el Gobierno y ha advertido de que no descarta "ninguna acción para la defensa de sus competencias".

Francisco José Hernando se ha convertido hoy en el primer presidente del Supremo -lo es también, automáticamente, del CGPJ- en comparecer en el Parlamento, ante la comisión de Justicia. Y lo ha hecho para defender el sistema actual de nombramiento de los jueces del Supremo, que contempla una mayoría simple del pleno del CGPJ, frente a la reforma que se tramita en el Parlamento, que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, y que pasa por exigir una mayoría de tres quintos para los nombramientos de los magistrados del Supremo y de los tribunales superiores de las Comunidades. El Gobierno considera que la política de nombramientos e informes del CGPJ no respeta el consenso existente en el Consejo y es impuesta por la mayoría de vocales propuestos por el PP con el apoyo del presidente.

Hernando sostiene la "razón constitucional de existir" del CGPJ es la garantía de independencia de los jueces y "el alejamiento de todos ellos, en su designación, de criterios de politización". Entiende que la reforma que planea el Gobierno, si bien parte del principio político "irreprochable" de buscar el consenso, "comporta la introducción de vectores de naturaleza intrínsecamente política para la provisión de puestos que, por el contrario, deben responder a la más absoluta despolitización", como son los de magistrados del Supremo. Por ello, Hernando ha advertido de que la institución que encabeza "no eludirá ninguna decisión, ninguna acción, que le venga exigida por la defensa de sus competencias" en materia de nombramiento de magistrados, si bien no ha detallado cuáles podrían ser esas acciones.

Hernando ha negado que el CGPJ haya nombrado sólo a magistrados de ideología conservadora para el Supremo. En todo caso, ha defendido que los nombramientos en la carrera judicial deben respetar las corrientes existentes en la propia judicatura, y no trasladar las cuotas de representatividad del Parlamento, ya que ello "supondría herir de muerte la independencia judicial y lastrar de modo definitivo la credibilidad de nuestra justicia". Además, ha culpado a la minoría progresista de la falta de consenso en el CGPJ por pretender imponer siempre a los candidatos de Jueces para la Democracia. Finalmente, ha defendido que se guía en su labor, como el Consejo, por criterios de mérito, capacidad y prestigio de los candidatos y no por ideología.

Ariete conservador

Hernando ha tenido que escuchar dos interpelaciones del PSOE e IU críticas con la política de nombramientos. Por parte del PSOE, Julio Villarrubia le ha acusado de ser "ariete", en vez de "árbitro", de la mayoría "altamente conservadora" del Consejo, de imponer los nombramientos "sin ningún tipo de consenso" y ha comparado las "loas" que recibían las leyes del Gobierno del PP y las críticas que lanzan ahora contra las del Gobierno de Zapatero. Por IU, Isaura Navarro, ha reprochado a Hernando haber desprestigiado su papel institucional alineándose permanentemente con los vocales designados a propuesta del PP y ha criticado que sus informes no se limitan a las cuestiones técnicas, sino que incluyen críticas políticas que exceden de su función.

Por el PP, Ignacio Astarloa, ha dicho que no había sido una buena idea someter al presidente del Consejo a interpelaciones de los grupos y ha dudado incluso de la constitucionalidad de la iniciativa, teniendo en cuenta que no es función del Parlamento fiscalizar o controlar al Consejo del Poder Judicial.