Los progresistas del Poder Judicial acusan a la mayoría de copar los nombramientos de jueces
La minoría denuncia falta de proporcionalidad al elegir nuevos magistrados del Supremo
La minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denunciado la política de nombramientos del órgano de Gobierno de los jueces al no aplicar la mayoría conservadora -tiene 10 de los 20 consejeros- el criterio de proporcionalidad entre la composición del CGPJ y la tendencia ideológica de los designados, que "desborda con exceso" la mitad de los cargos votados. Así, de 13 magistrados nombrados para el Supremo, 9 son conservadores. La minoría cree probable que hoy el pleno del CGPJ designe a ocho conservadores para un total de 10 cargos.
Uno de los vocales propuestos por el PSOE, Luis Aguiar, explicó que "los nombramientos desbordan la proporcionalidad, ya que superan con creces el 50% de vocales propuestos por el PP". Aguiar señala que "el exceso es tanto cuantitativo como cualitativo, ya que no es igual en el Supremo la Sala Penal, en donde los conservadores ganan por tres a cero, que la Sala Contencioso-Administrativa, en la que ganan cuatro a tres".
Un documento de la minoría progresista denuncia que "la hegemonía" conservadora se ha "intensificado a raíz de las elecciones del 14-M" mediante "una ocupación del Tribunal Supremo". Critica también la imposición del criterio "unilateral" y carente de "respaldo legal" de no permitir más de 10 años de permanencia al frente de un Tribunal Superior de Justicia. Creen que el relevo de Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Cataluña, podría ser inconstitucional por no atenerse a los criterios de "mérito y capacidad".
Responsable el presidente
El sector progresista describe "la connivencia y activa colaboración del presidente del CGPJ, que en todo momento ha actuado como un integrante más de la mayoría", formada por vocales propuestos por el PP, cuando "en política de nombramientos sólo el respaldo explícito del presidente puede hacer que las propuestas de la mayoría (...) sean aprobadas".
Adolfo Prego, propuesto por el PP, admite que la política de nombramientos "no es igualitaria" entre ambos sectores, pero afirma que recae sobre "un sector plural y amplio de magistrados". Asegura que su criterio es que los magistrados designados para el Supremo sean "de alto nivel, procedan de donde procedan en lo ideológico".
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