La derogación de las cámaras agrarias

La normal integración del sector agropecuario y forestal en las cámaras de comercio supondría una alternativa definitivamente justa.

Es necesario homologar la actividad agraria a las otras actividades económicas del país, potenciar la figura del empresario agrario y toda la legislación que integre nuestro sector en igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones, que el resto. Este ha sido un proceso lento, pero que se está consiguiendo. Recientemente, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, ha anunciado la derogación de las cámaras agrarias de acuerdo con todas las comunidades autónomas.

De este modo, puede abrirse a partir de ahora un sensato camino de encuentros con el Estado y las autonomías. Un tiempo para ordenar la agricultura como sector homologable, económica y empresarialmente, a cualquier otro sector del país, con iguales derechos y deberes. El régimen especial y alienante al que ha sido sometido el sector agrario, ya desde los años del franquismo, llega a su fin. La supresión de las cámaras agrarias es, entre otros, uno de los resultados. El siguiente paso es conseguir la integración de nuestro sector en las cámaras de comercio. Esta es la corporación de derecho público que agrupa y da servicio a todas las actividades productivas y de comercio, tanto a escala autonómica como estatal. Ya desde 1888, el Instituto Agrícola fue promotor de las cámaras de comercio y fue así como la agricultura se pudo beneficiar.

En estos últimos 20 años en España, la utilidad de las recauchutadas cámaras agrarias ha sido indemostrable. La desamortización o nuevo estilo de su patrimonio ha sido suficiente dudoso en la mayoría de los casos. Su base legislativa, puesta continuamente en cuestión, y su régimen electoral han resultado inútiles. Mientras, el Estado y el Ministerio de Agricultura, año tras año, cada vez sabían menos y podían hacer menos por la evolución agraria española en su conjunto. En muchos sitios iban creciendo cáusticas desavenencias y diferencias que no han hecho más que perjudicar de forma general el normal crecimiento de este sector tan especial. Autonomías como la andaluza y la valenciana, donde no han existido las cámaras agrarias, lo han tenido claro, han sabido desarrollar una agricultura con aliento empresarial y competitiva, siempre por encima de la mediana nacional. Así lo han hecho también, a su manera, por ejemplo, La Rioja, Navarra o Extremadura. En Cataluña -donde se han convocado elecciones tres veces (1994-1998-2002)-, por el contrario, la producción agraria dentro del PIB, los activos humanos agrarios y las empresas no han dejado de disminuir. El resultado actual es que los sitios de España donde se ha desarrollado una política económica agraria adecuada han sabido prescindir rápidamente de las cámaras agrarias, y allí donde se han mantenido han pesado más los asuntos políticos, sociales y de conflictos territoriales que los económicos. Así se ha desactivado cualquier emancipación económica del sector y ha menguado progresivamente la posible existencia de un número adecuado de empresas medianas que, al fin y al cabo, son el auténtico nervio económico y el más adecuado factor de equilibrio económico y territorial, de futuro.

El carácter voluntario, totalmente libre y altruista, sin subyugaciones políticas, del asociacionismo civil, es clave. Lo importante es lo que pueda decir y razonar el asociacionismo civil y no si, desde su representatividad electoral, puede revolver o no a los ciudadanos. La representatividad civil de las asociaciones mediante unas elecciones universales, es relativa y escasamente útil. ¿Puede imaginarse unas elecciones para saber qué ONG es más representativa que otra? Pues esto es lo que ha hecho el campo hasta ahora con su asociacionismo civil, perder el tiempo, cortar carreteras y alejarse cada vez más del mercado y de sus deberes empresariales.

En democracia, el poder de decidir está en manos de la representatividad política; ésta sí que se halla obligada de forma absoluta a decidir y responder de sus decisiones al conjunto de la sociedad. La clase política puede hacer caso o no, libremente, de cualquier opinión que les haga llegar el asociacionismo civil o la ciudadanía, sin exigirles un certificado de su representatividad. Cuando ciertas asociaciones se vanaglorian con su representatividad incuestionable, llegan a creerse en el

derecho de obligar políticamente a la clase política. El poder de un sindicato o de cualquier asociación civil no es ni debe confundirse con el poder político; de otro modo, se hace un flaco favor a la democracia. Es más, en la directiva y ejecutiva de una asociación civil, honestamente, no tendría que haber lugar para políticos en activo. Es entonces cuando la opinión difícilmente puede ser independiente y realmente al servicio de las decisiones que deban tomar, bajo su responsabilidad, los políticos de turno.

Durante el siglo XIX y principios del XX el sector agrario y el pesquero formaban parte de las cámaras de comercio. ¿Por qué hoy no estamos y sí están los demás sectores económicos? La agricultura, ganadería y pesca italianas han estado integradas desde siempre en sus cámaras de comercio, y es así como volando por el mundo podemos ver productos agrarios y agroalimentarios italianos. Es así como un empresario agrario puede vivir y captar la actividad comercial y económica de forma más útil y próxima, puede conocer a empresarios de otros sectores, establecer alianzas y disfrutar de las mismas oportunidades, misiones comerciales etcétera, ventajas que hoy, en España, pueden disfrutar con cierta normalidad la industria, el comercio o los servicios y que en el ámbito alimentario quedan reducidas a unas empresas desvinculadas del sector agropecuario productor y primer transformador.

El Instituto Agrícola ya ha hecho verbalmente su propuesta a José Manuel Fernández Norniella, presidente de la Confederación de Cámaras Agrarias de España. En todo caso, sería necesaria también una reflexión con las cámaras de comercio catalanas sobre la importancia de esta propuesta que realizamos. Hoy, en la agricultura, para la pequeña y mediana empresa agraria, como para cualquier otro sector, lo difícil es vender. Es necesario, pues, homologar definitivamente nuestro sector al resto. ¡Ya es hora!

Baldiri Ros es presidente del Instituto Agrícola.