La Generalitat quiere participar en la elección de miembros del Constitucional

"No supera el techo constitucional", afirman fuentes de Gobierno catalán para referirse a los dos nuevos bloques que el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) ha remitido al Parlamento para el debate en ponencia sobre la reforma del Estatuto. De acuerdo con estos textos, la Generalitat quiere participar en la designación de vocales del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial "a través de los procedimientos que establezca la legislación estatal". La Generalitat también quiere participar en la designación de los órganos de dirección de organismos económicos y sociales.

El documento de trabajo propone "designar representantes o participar en su designación" en entidades como el Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y otros organismos estatales que ejerzan "funciones de autoridad reguladora sobre materias de relevancia económica y social relacionadas con competencias de la Generalitat". La próxima semana, el director del IEA, Carles Viver Pi-Sunyer, explicará ante la ponencia que redacta el nuevo Estatuto catalán cuál es el alcance de los nuevos capítulos que ha remitido al Parlamento para su debate. Los distintos grupos procederán, luego, a presentar sus observaciones sobre los capítulos remitidos. Hasta el momento, no ha habido impugnación alguna de los documentos remitidos por el IEA por parte de las fuerzas políticas

Dentro ya de las dos nuevas remesas de capítulos estatutarios, se enuncia que: "La Generalitat participa en las instituciones, los organismos y los procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias de acuerdo con lo que se establezca en este Estatuto y en la legislación estatal correspondiente".

Y la especificación llega en el artículo tres apartado uno del capítulo destinado a fijar la presencia catalana en instituciones del Estado: "La Generalitat de Cataluña participará en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de consejeros del Consejo General del Poder Judicial a través de los procedimientos que establezca la legislación estatal". Más adelante se indica que el Parlamento participará "en las audiencias de los candidatos" al TC y al CGPJ "propuestos por el Senado que se realicen en esta Cámara, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de Senado".

Con estas iniciativas, el Gobierno catalán pretende llevar el mapa autonómico a los máximos organismos judiciales, en un intento de evitar que reproduzca el esquema partidista bipolar, tal como ahora sucede, según aseguran fuentes del Ejecutivo de Maragall.

Comisión bilateral

En el terreno de la ordenación de la actividad económica, el Gobierno catalán se propone "participar en las decisiones estatales que afecten a la ordenación general de la actividad económica, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución".

"Cuando la naturaleza del ente lo permita y su sede principal no radique en Cataluña, el Estado creará delegaciones territoriales de los organismos [se refiere a Banco de España CNMV, y CMT], la Generalitat participará en la designación de los miembros de estas delegaciones cuando se ubiquen en su territorio", se afirma en el texto.

Este capítulo del documento de trabajo va acompañado de otro en el que se quieren sentar las bases de colaboración entre el Estado y la Generalitat, en las que debe imperar "la lealtad institucional mutua". El texto prevé la existencia de la Comisión Bilateral entre ambos entes que debe "constituir el marco general y permanente de colaboración entre Estado y Generalitat ". Su objetivo, aseguran fuentes del Gobierno catalán, es servir de instancia de relación y encuentro. "Debe permitir el intercambio constante de información, la coordinación de políticas en las que sea preciso articular competencias y la cooperación en todos los asuntos de interés común.

Entre las funciones de esa comisión -integrada a partes iguales por representantes de la Administración central y la Generalitat, con presidencia rotatoria- figuran funciones deliberativas relativas a: política de telecomunicaciones y medios de comunicación públicos; resolución de conflictos competenciales; o proponer la relación de organismos económicos, instituciones financieras y empresas públicas del Estado en las cuales la Generalitat pueda designar representantes.

Esa comisión bilateral no excluye la participación catalana en otros organismos multilaterales del Estado las comunidades autónomas .

"La Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos multilaterales de colaboración con el Estado y con otras comunidades autónomas respecto a las cuales no haya mostrado su acuerdo", apunto el artículo sexto de este capítulo.

El borrador del texto estatutario reconoce la posibilidad de hacer convenios entre autonomías, sin referirse al veto constitucional -artículo 145- a la federación entre comunidades.