El precursor de Gescartera

La última vez que se vio a Pepe, el del Popular, antes de la gran escapada, fue el 5 de marzo de 1991, en el velatorio por la muerte del cajero de la sucursal. Ambos trabajaban en la céntrica oficina del Banco Popular en Puertochico, de Santander. Los dos habían intervenido en la detención de un atracador que asaltó en 1989 la sucursal donde trabajaban. Un episodio que mereció un lugar de honor en la separata que el banco edita cada año.

Pese a seguir fugado, la semana pasada se abrió en Santander el juicio por estafa contra los colaboradores de Pepe. Su popularidad fue enorme, como lo testificó ayer uno de los acusados: "Uno era el último de la clase si no tenía libreta con él".

Con altos intereses, captaba fondos al margen de las cuentas oficiales del banco

Pepe arriesgó su vida por las 50.000 pesetas de botín que se había llevado el ladrón, armado de una escopeta de cañones recortados. Quizá tanta valentía se debía a que consideraba como suyo el dinero de la oficina de la que era director y, como se supo más adelante, tenía razones de fondo para creerlo. Pepe se adueñó de 36 millones de euros del banco, es decir, 6.000 millones de las antiguas pesetas.

Aquel mismo 5 de marzo, Pepe (José Pérez Díaz, asturiano, de 39 años cuando se fugó, casado y con cuatro hijos) había mantenido una tensa conversación con los auditores del Popular, que sospechaban de sus extraños movimientos con fuertes cantidades de dinero que no estaban en los libros de contabilidad. En un tono arrogante, les espetó que iba a pedir explicaciones de su actuación a los altos ejecutivos de Madrid, pero Pepe no se fue a la capital de España.

La policía cree que salió del país al día siguiente, rumbo a Chile, Argentina o México. Y hasta hoy. Ni la policía ni Interpol lograron obtener pistas fehacientes de su paradero. Sólo sospechas de que pudo estar en estos países.

Como describe Tomás Pereira, responsable jurídico del Popular, lo que puso en marcha el conocido personaje fue el denominado juego de la pirámide, el mismo que 10 años después, en 2001, desarrolló Antonio Camacho, propietario de Gescartera, que acabó en prisión.

Pepe, según supo después el banco, seleccionó unos 300 clientes de los más de 2.000 que tenía la oficina. A ellos les ofreció remuneraciones superiores al 12%, un par de puntos por encima de la competencia. Ese dinero lo ingresó, supuestamente, en cuentas corrientes, libretas o depósitos, si bien nunca los pasó a la contabilidad oficial del Popular. Como la informática no era de uso común, Pepe anotaba a máquina los saldos -más los supuestos intereses- sin mayor problema. Además, aseguraba que el dinero era opaco para el Ministerio de Hacienda. Los clientes consiguieron el sueño de todo inversor, alta remuneración sin pagar impuestos. A cambio, sólo tenían que ser discretos.

Además, Pepe aceptó cheques de supuesto dinero negro que se encargaba de blanquear mediante una red de colaboradores, que cobraban comisiones. Mientras tanto, realizaba arriesgadas inversiones con las que esperaba obtener grandes rendimientos. Sin conseguirlo.

¿Cómo estalló el caso? Por la misma razón que en Gescartera y otros timos de este pelaje. Los clientes pidieron retirar su dinero y llegó un momento en que Pepe adivinó su final y puso tierra de por medio. Para deshacer la madeja fue necesario un equipo de 23 ejecutivos de élite trabajando a destajo durante tres meses. El Popular asegura que, pese al fuerte escándalo, "la solvencia del banco no se vio afectada y no perdimos depósitos en Cantabria".

El lunes pasado, uno de los principales acusados, Eduardo Álvarez, administrador de varias de las empresas que fueron utilizadas para desviar fondos, declaró que siempre creyó que el Popular lo sabía y que no hizo nada por evitarlo. En 12 años de entregado trabajo en la entidad, José Pérez Díaz pasó de ocupar un lugar de honor por defender al banco de los ladrones a encabezar la lista de indeseables del Popular.