Los opositores al parque eólico de Ordunte consideran ilegal la actuación del Gobierno vasco
El Ayuntamiento burgalés de Villasana de Mena y una decena de grupos ecologistas, sociales y sindicales aprecian una invasión de competencias del Gobierno vasco en el proyecto del parque eólico de Ordunte, al asegurar que afecta a las comunidades de Castilla y León y Cantabria. Estos colectivos presentaron ayer, cuando expiraba el plazo, 14 alegaciones a la infraestructura y censuraron la falta de datos sobre las afecciones a la flora y fauna.
El parque, el quinto proyecto de energía eólica en Euskadi, contempla construir 57 molinos de viento en la sierra de Ordunte, en el límite entre Vizcaya y Burgos. La intención es comenzar las obras el próximo año.
"Es un despropósito ambiental y paisajístico", afirmó Armando Robredo, alcalde de Villasana de Mena. Las alegaciones indican que 14 molinos se ubican en este municipio burgalés y que las infraestructuras para el transporte y la distribución de la energía atraviesan Burgos y Cantabria. Sobre el estudio de impacto, critican la ausencia de alternativas y que los datos sobre las aves se hayan recogido tras sólo cuatro meses de estudio.
Un portavoz de la consejería de Industria calificó de "imposible" que el parque invada otra comunidad autónoma y "con que hubiera uno que pasa los límites, no se pondría".
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