Los profesores apenas pueden actuar, según los sindicatos

El acoso escolar es una conducta que apenas se denuncia ante los tribunales. Y cuando aflora "resulta difícil de atajar jurídicamente", sobre todo si se trata de agresiones que causan daños morales, explica el vocal responsable de la comisión de menores en el Consejo General del Poder Judicial, Félix Pantoja. Los expertos creen que el problema se debe combatir en los centros docentes, pero los sindicatos aseguran que los profesores tienen poco margen de actuación.

Por su experiencia, Félix Pantoja, fiscal de menores en Madrid entre 1994 y 2001, está convencido de que el acoso escolar es una cuestión "muy complicada" en el terreno judicial. Por un lado, llegan pocas denuncias -con una queja común de los padres "por la falta de respuesta en el colegio y de vigilancia en el patio"-. Por otro, suele ser difícil probar los hechos e identificar a los causantes, explica este vocal del Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de las amenazas y coacciones, el escollo es mayor por su carácter oral y la dificultad para probar un daño que suele ser psicológico. "Si la agresión ha sido física, como las palizas con lesiones, el Código Penal, que se aplica desde los 14 años, ofrece un encaje claro", detalla Pantoja. La actuación se realiza conforme a la Ley del Menor, que permite aplicar sanciones, pero obliga a tener en cuenta para ello la evaluación del denunciado que haga un equipo técnico, así como la gravedad de los hechos. En caso de conductas muy graves, el castigo puede incluir el internamiento o la libertad vigilada.

La escuela es la que debe tener un papel protagonista para prevenir y evitar el acoso, pese a que se le suele dar "poca importancia" en el entorno educativo, según Pantoja". "Salvo en los casos más graves, recurrir a la justicia es como matar moscas a cañonazos", asegura Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y ex Defensor del Menor de esa comunidad. "La solución está en la escuela y también en el hogar. Hay que educar a los niños poniéndoles límites", sentencia.

Para Urra, existe "dejadez de la escuela y los poderes públicos" para abordar una violencia que ofrece "un panorama preocupante", agravado en algunos casos por la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. "Los agresores suelen ser malos estudiantes. Antes dejaban la escuela a los 14 años y ahora tienen que seguir en ella aunque no quieran", detalla. "A veces los profesores miran para otro lado por temor a enfrentarse con los padres del agresor y a que la inspección no les apoye", añade este psicólogo.

"Los profesores tienen verdaderos problemas para actuar en caso de conflicto. Primero, por la la familia del agresor, y luego, porque la administración educativa suele dar la razón a los padres. Además, no existen mecanismos claros para que el docente pueda intervenir", explica el responsable de Enseñanza de CC OO, José Campos. "Por supuesto que hay que atajar el problema en los centros y no en los tribunales, pero para eso hacen falta más departamentos de orientación. La educación para la convivencia se ha relajado y sólo hay una hora semanal de acción tutorial para cuestiones como resolver conflictos. Debería haber tres", añade.

"Los centros educativos son los sufridores del ambiente de agresividad de cada zona y carecen de medios para resolver el problema", tercia el responsable de Enseñanza de UGT, Carlos López Cortiñas. "Hacen falta más educadores sociales para complementar a los profesores en cuestiones de disciplina. Los docentes tienen pocas herramientas para actuar", explica.

Los padres de la confederación laica CEAPA, que coinciden con los sindicatos en que el acoso escolar no está muy extendido, creen que en él influye "el ambiente de violencia en la sociedad". Lo dice su responsable, Lola Abelló. "Hay que trabajar más en la educación para la convivencia, y hacerlo de forma práctica", plantea.