¿Para qué la ley?

Hemos oído en TVE al portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) cómo entiende la finalidad de la ley que va a normalizar los matrimonios entre homosexuales. El asunto es si la referida ley obliga y a qué obliga. Claro que toda ley tiene un aspecto de coacción en función de recordarnos con ella que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás. Ésta, que intenta regular civilmente la libre convivencia de un grupo de personas con una sexualidad concreta que ellos no han elegido - como nadie elegimos la nuestra- no fuerza a nadie a que opte por una forma de convivencia a la que no es absurdo nominar como matrimonio ni atenta contra los derechos humanos. Lo único que plantea es que, los restantes ciudadanos que pueden optar por las formas de matrimonio que quieran, dejen paso legal a quienes, desde su derecho personal y social opten y se decidan por el matrimonio entre homosexuales. Regular el uso de la libertad personal, no significa, ni mucho menos, coartarla cuando lo que se pretende es que nadie invada la de los demás. ¿Acaso las uniones matrimoniales heterosexuales con fines nada éticos ni ajustados al marco sacramental, históricamente y al presente, están tratados por la CEE y por sectores católicos influyentes con la misma virulencia opositora que hacia estos? Y así, tendríamos que ser más respetuosos con la libertad personal de todos en lo referente al divorcio para quienes por él opten libremente, y con relación a la libertad de los niños, prevalente a la de la función materno-paternal, para que estén en condiciones, a su debido tiempo, de hacer una opción personal libre de su fe. ¿Por qué, apelando a la relación con Jesús, desde el presente, no se tiene en cuenta su proceder histórico con los niños y aún con los "adultos"?