Criminólogos alertan del riesgo de que las mafias controlen el urbanismo en la Costa del Sol

"La Costa del Sol se encuentra inmersa en un ciclo que puede culminar con el sólido establecimiento de grupos delictivos organizados controladores de la política y las actividades empresariales locales". La advertencia la ha formulado el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, en un estudio que constata que el veloz desarrollo urbanístico de esta zona se ha nutrido de inversiones de dinero negro y han proliferado corruptelas y prácticas ilícitas que ponen en evidencia la debilidad de los controles administrativos y judiciales.

La presencia de la delincuencia organizada y la corrupción en la actividad urbanística no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de ninguna región, y se da con frecuencia en zonas de alto ritmo de desarrollo.

En colaboración con las universidades de Ámsterdam (Holanda), Trento (Italia) y Cardiff (Reino Unido), el Instituto Andaluz de Criminología ha estudiado el estado de la cuestión en la Costa del Sol en una investigación enmarcada en el proyecto europeo Falcone contra la corrupción.

Su director, José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal, explica que no se trata de investigar o descubrir casos de corrupción, asunto que es competencia de jueces y policías, sino de hacer un diagnóstico de la relación entre la actividad urbanística privada y la administración pública, evaluar los riesgos de corrupción, con identificación de sus causas, examinar la efectividad de los controles de la administración pública para finalmente identificar buenas prácticas. "Se trata de evitar el riesgo de la hipótesis sobre el asentamiento de criminalidad organizada en la actividad urbanística, de la que hay indicios, y evitarlas con medidas adecuadas", precisa Díez Ripollés.

La aparición de corruptelas se ve favorecida además por la opacidad y complejidad de los procedimientos administrativos de planeamiento urbanístico, especialmente en las recalificaciones de suelo y otras modificaciones a los planes generales, así como la poca transparencia de las decisiones municipales.

Tras analizar 20 casos de ilegalidades, ocho de ellos recogidos en el informe final con nombres e identidades ficticias, sólo en dos se aprecian indicios de delitos urbanísticos tipificados, pero en todos ellos se atisban posible existencia de cohecho o tráfico de influencias, cuando no se añade posible fraude en la enajenación de suelo público o en los contenidos de determinados convenios urbanísticos.

Legitimar una ilegalidad

El estudio Prácticas ilícitas en la actividad urbanística en la Costa del Sol pone en tela de juicio el funcionamiento de la administración pública en materia de urbanismo, con sistemas de control poco eficientes que, cuando funcionan, se ven lastrados porque las sanciones apenas tienen carácter disuasorio y porque el principio que parece regir en el procedimiento es "legitimar una ilegalidad y no el del retorno a la legalidad".

En este aspecto, se citan las multas económicas impuestas para compensar construcciones que no se han ajustado a licencias. La práctica inexistencia de órdenes de demolición tiene, según el estudio, un efecto pernicioso porque "se fomenta la convicción de que una vez finalizada una construcción las irregularidades en que se hayan podido incurrir se van a legalizar en todos los casos".

Los autores del estudio entrevistaron alcaldes y concejales de Urbanismo y funcionarios de 11 municipios de la Costa del Sol -87 personas en total- en las que constataron la ineficacia del sistema de disciplina urbanística por los pocos recursos de los que suelen disponer estos departamentos y porque prácticamente todas las inspecciones se realizan a partir de denuncia y nunca de oficio.

El estudio cuestiona también la idoneidad de figura de los convenios urbanísticos entre promotores y ayuntamientos porque "reportan dudosos" beneficios al municipio y porque sirven de base para una modificación del planeamiento o una recalificación de suelo favorables, en cualquiera de los casos, a los intereses de las promotoras y constructoras.

Y es que el estudio del Instituto Andaluz de Criminología pone en solfa la creencia generalizada de que el urbanismo aporta a las arcas municipales ingresos necesarios para su financiación y que repercuten en mayores inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

El 80% de los alcaldes cree necesaria esta recaudación, que en el caso de los 11 ayuntamientos de la Costa del Sol representan entre el 8% y el 45% de sus ingresos totales, pero según los autores del estudio "se encuentran ejemplos de gestiones urbanísticas que han causado un empobrecimiento del municipio, como numerosas enajenaciones irregulares de patrimonio público", amén de los perjuicios para el medio ambiente por el consumo de suelo, agua y energía.

"La protección de los intereses generales no parece compatible con la patente inclinación hacia el desarrollo del turismo residencial, descartando alternativas como el desarrollo de la planta hotelera que generan mayor empleo y reportarían más ventajas económicas a los municipios", dice el estudio.