Los programas de ajuste del FMI

Como cualquier otra institución humana, el FMI es mejorable y por tanto criticable. No deja de ser paradójico, sin embargo, que los gobiernos que más critican al FMI sean habitualmente los de los países que más se benefician del modo actual de funcionamiento de la institución. Países estos que serían los más perjudicados si se instrumentaran las propuestas de reforma del FMI lanzadas por algunos economistas que responsabilizan a dicha institución de agravar las crisis económicas que recurrentemente padecen dichos países. En lo que sigue intentaré justificar estos asertos.

Veamos el caso representativo de la familia de países que estamos considerando. Se trata, ante todo, de un país que solicita el auxilio del FMI porque ha agotado ya cualquier posibilidad de continuar aplicando su política económica. Se ha de hacer notar, empero, que el recurso a la ayuda del FMI no es la peor sino la mejor opción que tiene el país en estas circunstancias. La peor, tanto desde el punto de vista político como económico, sería intentar llevar a cabo el ineludible cambio de política económica que necesita el país sin contar con el sello del FMI. Esta opción sería peor porque aunque el Gobierno anunciara un programa de política económica riguroso no tendría la misma credibilidad ni por tanto conseguiría la misma financiación exterior inherente a un programa auspiciado por el FMI, por lo que el ajuste económico habría de ser mucho más duro. Sería también peor políticamente porque, además de los mayores costes sociales derivados de la mayor dureza del ajuste, el Gobierno no podría desviar hacia el FMI la ira de la opinión pública.

La contribución principal del FMI al bienestar del país reside en su capacidad de catalizar la confianza de los inversores nacionales e internacionales

¿Cuándo se ve un país impelido a instrumentar alteraciones drásticas de su política económica? En el caso paradigmático de los países de referencia esta situación se alcanza cuando el país no cuenta con las reservas exteriores ni consigue los créditos en divisas suficientes para pagar sus importaciones y hacer frente al cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas con los prestamistas extranjeros. En estas circunstancias, el país se ve abocado a renegociar el servicio de su deuda externa. La falta de crédito externo es el último eslabón de un proceso más o menos rápido de pérdida de confianza en la gestión económica del país; el último eslabón de una cadena en la que primero los residentes y después los extranjeros deciden colocar una parte creciente de sus carteras de activos en otros destinos. El proceso suele ir acompañado de crecientes oleadas depresivas que amplían el ya habitualmente elevado déficit público y obligan a un replanteamiento radical de la política económica del país. Además, el sujeto que se ve obligado al impago o la reestructuración de su deuda exterior es sistemáticamente el sector público. Esto significa que las crisis económicas que desembocan en las negociaciones con el FMI son por definición crisis fiscales, crisis que exigen una alteración significativa de la estructura de los ingresos y sobre todo de los gastos públicos. Estas crisis son habitualmente las más difíciles de tratar, no sólo por la sensibilidad social ante subidas de impuestos y recortes de gastos públicos sino también por la estrecha connivencia entre el empleo público y el poder político en este tipo de países.

Terapias tardías

Cuando el país acude al FMI y acepta instrumentar una determinada política económica se han incubado ya parte de los impulsos depresivos que se manifestaran plenamente durante la primera etapa del proceso de ajuste avalado por la institución. La opinión pública del país, habitualmente alentada por el Gobierno de turno, suele imputar implacablemente los costes de la recesión a la codicia de los acreedores que supuestamente controlan el FMI. Sin embargo, la realidad es que dicho programa de política económica induce un proceso de ajuste mucho más suave del que habría en ausencia del apoyo del FMI, ya que permite acceder a los créditos de la institución y reduce la salida neta de capitales al concitar más confianza entre los ahorradores nacionales y extranjeros. Lo que los críticos del FMI solicitan en última instancia es que la institución les preste más de lo que les presta para poder así suavizar el rigor de la política de ajuste.

Los préstamos del FMI, aun en aquellos casos en que se han sobrepasado con creces los montos tradicionales, son una parte ínfima de las divisas que necesita el país. El grueso de estas divisas ha de proceder del cambio en la predisposición de los ahorradores nacionales y extranjeros a invertir en el país y de la reorientación de los recursos productivos hacia la producción de bienes comerciables internacionalmente. Esto sólo se conseguirá si el programa de ajuste permite alcanzar lo antes posible las condiciones económicas necesarias para frenar la salida de capitales, restablecer el acceso a los mercados financieros internacionales de los prestatarios nacionales y configurar flujos de balanza de pagos sostenibles.

De lo anterior se desprende que la principal contribución del FMI al bienestar del país no reside en el mayor o menor volumen de créditos que pueda conceder, sino en su capacidad de catalizar la confianza de los inversores nacionales e internacionales en el devenir del país. La eficacia de esta función, a su vez, depende de la capacidad del FMI para quebrar las rigideces de política económica que han provocado la crisis y han llevado al Gobierno del país a solicitar el socorro de dicha institución. Desgraciadamente, las desastrosas consecuencias de las políticas económicas del pasado ocasionan inevitablemente dolorosos costes de ajuste. Quienes critican al FMI e intentan eludir estos costes son semejantes a quienes critican al bombero que intenta apagar el fuego de la casa porque les echan agua fría en la cara y podrían coger un constipado.