El 35% de las mociones de censura están relacionadas con el urbanismo

La mayoría de los ayuntamientos tienen presupuestos modestos y la llave del suelo. Un bien que los promotores urbanísticos transforman en cifras millonarias. La tensión entre política y cemento planea sobre cinco de las 14 mociones de censura que se han registrado en territorio valenciano desde las elecciones locales de mayo de 2003. Junto a los casos de Nàquera, San Fulgencio -en dos ocasiones- Puçol, y Benicàssim, otras tres poblaciones han experimentado fuertes crisis de gobierno relacionadas con la construcción de adosados, campos de golf, y con el cobro irregular de licencias urbanísticas.

Todos los alcaldes aspiran a que su pueblo se parezca a Nueva York, según Iribas

En Benicàssim, la izquierda apuntó a Lubasa como motor de la caída del alcalde

La primera moción bajo sospecha fue la de Nàquera. Antes de las elecciones la población del Camp de Túria fue escenario de manifestaciones en contra de la política urbanística del alcalde, Salvador Pérez. Hacia el final de su mandato, el político del Partido Popular había puesto en marcha 14 planes de actuación que suponían urbanizar el 11% del término municipal. El pacto postelectoral entre socialistas y UV llevó a la alcaldía a Francisco Arnal (PSPV) que anunció la paralización de los proyectos.

En menos de cuatro meses, el socialista fue desalojado por una moción de censura promovida por el PP y los regionalistas. El PSPV denunció que tras la moción se escondían intereses urbanísticos. El principal, la construcción de 1.300 casas, un hotel y un campo de golf en la partida de Les Fontanelles, a la que se había opuesto su equipo de Gobierno.

En marzo pasado, los dos regidores de UV volvieron a romper su pacto de gobierno, en esta ocasión con el PP. Pero los conservadores recuperaron la estabilidad gracias a un apoyo sorprendente: El del ex alcalde socialista Francisco Arnal. Una actitud que el secretario general del PSPV, Toni Visquert, vuelve a explicar por las presiones del cemento.

¿Cómo se explican los rocambolescos caminos que la política municipal toma en contacto con el urbanismo? El experto en territorio José Miguel Iribas opina, de un lado, que los consistorios asumen un creciente número de competencias, en cumplimiento del criterio de proximidad a los ciudadanos, que no se ven correspondidas con un aumento de su financiación. Las tasas de las licencias urbanísticas y la venta de suelo público representan el principal mecanismo para afrontar el déficit crónico que padecen.

De otro, las administraciones locales son las que más debilidad presentan ante el formidable flujo de dinero que mueve la construcción. Frente a él, los concejales suelen tener sueldos modestos y recorridos políticos cortos. Y trabajan en un mundo, el municipio, en el que las relaciones personales entre políticos y promotores se producen de forma natural. Iribas añade: "No he conocido a un sólo alcalde que no quiera que su municipio crezca, a ninguno que no aspire a que su pueblo se parezca a Nueva York".

San Fulgencio, pueblo del Baix Segura que ha vivido un crecimiento relativo del más del 40% en los últimos años a causa de la construcción de adosados, vivió dos mociones censura en menos de tres meses. Un fenómeno que se explica en parte por la escisión que sufrió el PP poco antes de las elecciones. Los populares arrebataron el gobierno a la coalición entre socialistas y Agrupación Popular (AP) gracias al apoyo de dos tránsfugas el 28 de noviembre de 2003.

A mediados de febrero la historia se repitió a la inversa. La colaboración de una tránsfuga del PP devolvió al ex popular Mariano Martí, ahora líder de AP, la alcaldía. Días antes una vecina le había denunciado por intentar cobrar una comisión ilegal de 180.000 euros para obtener una licencia urbanística.

La salida del PSPV del Ayuntamiento de Puçol después de 25 años de gobierno se produjo entre acusaciones cruzadas de corrupción La moción de censura fue apoyada por toda la oposición: PP; UV; Bloc, y EU. El único concejal de este partido, Juan Manuel Bustos, fue elegido alcalde, acción que pagó con su expulsión de Esquerra Unida. Antoni Such, responsable socialista de política municipal achacó la iniciativa al deseo del PP por hacerse con la concejalía de Urbanismo, una "situación que, lamentablemente, se ha convertido en la tónica habitual de las mociones de censura que presenta el PP".

La respuesta de los impulsores de la medida, especialmente la de los de izquierda, fue acusar al depuesto alcalde, Josep Maria Iborra, de "títere de la derecha", y de haber promovido actuaciones urbanística irregulares. La última denuncia, vertida desde el Bloc, es la de que la empresa municipal de urbanismo Gespul, "malvendió por cuatro duros 2.800 metros cuadrados de suelo urbanizable junto al mar. Terrenos que eran propiedad de todo el pueblo".

En Benicàssim, último caso registrado, el gobierno tripartito del PSPV, Bloc y EU, encabezado por Francesc Colomer, cayó tras el pacto entre el PP y la Asociación de Residentes y Veraneantes de Benicàssim (ARB). Colomer salió elegido a raíz de la rebelión de dos concejales populares, que se negaron a votar a favor del candidato de ARB, tal y como había decidido su formación.

Uno de ellos, María José Asín, mantuvo su decisión durante siete meses. Por el camino denunció haber recibido "presiones" sobre ella y sobre su familia, y el nombre del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, salió a relucir. Fabra se refirió a Asín como una edil que era "historia dentro del PP". Pero María José Asín se reconcilió con el partido, y a finales de julio apoyó la censura contra Colomer.

Aparte de apuntar contra Fabra, los partidos de izquierda consideraron que detrás de la moción se escondían los intereses de los especuladores. Y dieron un nombre: Lubasa. Según esta lectura, la paralización por parte del tripartito del proyecto Benicàssim Golf en una zona de humedal, precipitó la caída del equipo de gobierno.