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La dirección de Iniciativa impone su tesis contraria a la Constitución europea y recomienda votar 'no'

Iniciativa per Catalunya (ICV)empieza mañana el referéndum interno en el que cerca de 5.500 militantes deberán posicionarse sobre el contenido de la primera Constitución europea, y lo harán con la recomendación de la dirección del partido de votar no al texto constitucional. El consejo nacional de la formación ecosocialista se reunió ayer en Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) y debatió dos documentos, uno que propugnaba el voto negativo y otro que reclamaba el al proyecto de tratado acordado el pasado 18 de junio por los Estados de la Unión Europea.

Tras un largo debate, se impuso la tesis del texto coordinado por Raül Romeva, contrario a la Constitución, con el respaldo de 115 votos. Por su parte, el texto del consejero catalán de Medio Ambiente, Salvador Milà, en el que se defendía el sí, cosechó 40 votos. Una veintena de consejeros se abstuvieron. El periodo en que se celebrará la consulta interna finalizará el 8 de noviembre y el resultado será el que asumirá el partido ante la convocatoria del referéndum previsto para finales de febrero.

"Nadie ha ganado ni ha perdido", aseguraba ayer Joan Saura, presidente de ICV y partidario del no. Él mismo señaló que todos los miembros de su formación tienen muy claro cuál es el modelo de la Europa social que defienden, pero las diferencias aparecen cuando se debe interpretar si el texto constitucional propuesto se acerca o se aleja de este modelo. Raül Romeva, abanderando el que acabó siendo el sentimento mayoritario en el consejo nacional, declaró que el texto de la carta avanza "hacia un camino que se va hacia la derecha, no hacia la izquierda".

Otros de los motivos por los que la dirección de ICV recomendará el no a la Constitución europea son la falta de participación ciudadana en su elaboración, un avance "muy tímido" hacia la transparencia y la democratización de las instituciones comunitarias, el olvido del desarrollo sostenible y la falta de reconocimento para las regiones con capacidad legislativa (como Cataluña) y para la oficialidad de la lengua catalana.

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