Vizcaya promete construir cerca de 3.000 nuevas viviendas en tres años

La Diputación de Vizcaya se comprometió ayer a construir cerca de 3.000 nuevas viviendas en los próximos tres años, con un coste medio de 112.000 euros por piso. El diputado general José Luis Bilbao dijo que ya hay acuerdos con 28 municipios. Anunció también que cambiará los criterios económicos de ingreso en residencias de mayores y variará la norma tributaria para endurecer la lucha contra el fraude.

El diputado general adelantó en el pleno de política general del territorio los proyectos que su equipo de gobierno quiere acometer en este curso. El principal es la vivienda, uno de sus planes estrella, que le ha valido enfrentamientos con el Gobierno por lo que éste considera una invasión en sus competencias. José Luis Bilbao volvió ayer a negar estas acusaciones y dijo que sólo pretende "sumar energías y recursos".

El diputado general afirmó que, tras contactar con los 111 ayuntamientos vizcaínos, se van a alcanzar acuerdos con 28 municipios, lo que permitirá construir entre 2.500 y 3.000 viviendas hasta 2007. Agregó que la superficie media por piso será de 75 metros cuadrados y el precio rondará los 1120.000 euros. El proyecto contempla una cuota significativa para jóvenes con el compromiso de que, en los lotes de un mínimo de 60 pisos, la mitad se destine a este colectivo. En este sentido calculó que un millar del total serán para jóvenes, con una superficie máxima de 60 metros cuadrados y un precio "cerrado", que no concretó, mediante un crédito hipotecario. Durante los cinco primeros años el joven podrá estar en régimen de alquiler y pagará una renta equivalente a los intereses del crédito. Según destacó el diputado general, la mayoría de estos pisos se ubicarán en la Margen Izquierda, (1.900), seguido del Duranguesado (310) y Arratia (270).

Por otro lado, la Diputación variará los criterios económicos para acceder a una residencia de mayores. Bilbao adelantó que, además de los ingresos, se tendrá en cuenta el patrimonio inmobiliario de los solicitantes para evitar situaciones "claramente injustas". También se comprometió a que el Consejo de Gobierno apruebe este mes la nueva norma general tributaria para endurecer la lucha contra el fraude. Avanzó la intención de incrementar de tres a cuatro años el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales, con lo que se equipararía a Guipúzcoa y Álava.

El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, criticó que no hiciera balance de la "mediocre" labor de la Diputación en los primeros 15 meses de legislatura y Carlos Olazabal (PP) consideró que no hay novedades en materia fiscal.