La policía francesa podrá espiar en lugares privados

A partir de hoy, la policía francesa queda dotada de un nuevo arsenal de medidas coercitivas. Esto se debe a la entrada en vigor de una ley que la autoriza a introducir secretamente cámaras y micrófonos en domicilios, despachos, vehículos u otros lugares privados, un poder que va mucho más allá de las banales escuchas telefónicas.

La garantía del uso de ese poder es que cada acción de espionaje ha de ser autorizada por un juez. La tramitación de la norma suscitó tal escándalo que el Gobierno ha exceptuado de la misma, por decreto, a los bufetes de abogados, las redacciones de los medios informativos y las consultas médicas, así como los domicilios y despachos de los parlamentarios. Las "secuencias de la vida privada" grabadas por la policía podrán ser conservadas hasta el cierre del sumario judicial.

Las fuerzas de seguridad también adquieren el derecho de infiltrarse en organizaciones criminales. Policías y gendarmes podrán hacerse pasar por autores o cómplices de delitos, dotados con una identidad falsa y sin poder ser perseguidos por las actividades en las que participen; todo ello con la finalidad declarada de desmantelar grupos criminales desde dentro.

La nueva ley introduce también en Francia un procedimiento corriente en el derecho anglosajón, pero extraño al francés: el de negociar una pena menor a cambio del reconocimiento de culpabilidad. Para escándalo de los jueces, las facultades para hacerlo han sido concedida a los fiscales (dependientes jerárquicamente del poder ejecutivo), que podrán proponer a quien haya reconocido los hechos una pena inferior a la que les correspondería en caso de ser juzgados. Si el culpable acepta el castigo propuesto por el fiscal, la decisión ha de ser ratificada por un juez, sin que pueda abrirse un procedimiento contradictorio (la confrontación habitual entre acusador y defensor) sobre el hecho reconocido.

Sólo delitos sin víctimas

El fiscal de París, Yves Bot, ha prometido que sus servicios no utilizarán este nuevo procedimiento para tratar discretamente las irregularidades cometidas por partidos políticos y grandes empresas, asegurando que se aplicará a atracos, delitos de tráfico, violencias conyugales, infracciones al código laboral y, en general, a los delitos sin víctimas.

Los servicios del ministro de Justicia Dominique Perben, promotor de la medida cuestionada, explican la introducción de este procedimiento como un modo práctico de desatascar los tribunales penales, donde los contenciosos se arrastran varios años, con personas sometidas a largos periodos de prisión a la espera de juicio. En la imposibilidad de multiplicar los juzgados y tribunales, el Gobierno ha optado por la agilización del funcionamiento de la justicia, que a muchos abogados y a las asociaciones defensoras de los derechos humanos les parece un nuevo "liberticidio".