Reglas de juego

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha interiorizado como una agresión -"asalto antidemocrático", en palabras de Zaplana- la decisión del Gobierno de reforzar por ley la mayoría necesaria para los nombramientos de los cargos judiciales de carácter discrecional: la mayoría simple exigida hoy se reforzaría hasta los tres quintos. Es improbable que se hubiera planteado esa iniciativa sin el comportamiento insaciable de ese sector que en julio pasado utilizó su mayoría aritmética -10 vocales frente a 9- para copar la práctica totalidad de las plazas del Supremo y de otros altos tribunales que estaban vacantes.

Esos nombramientos sólo exigen legalmente mayoría simple. Pero hasta el actual Consejo, cuya designación por el Parlamento coincidió con la mayoría absoluta del PP, era habitual buscar un consenso, moderando y limitando el poder de la mayoría mediante acuerdos que tuvieran en cuenta la composición plural de la institución. Había conciencia, en mayor o menor medida, de que el Consejo no puede comportarse en sus decisiones como un órgano político sometido a las reglas implacables de las mayorías. De haber tenido en cuenta esos antecedentes, Mariano Rajoy no se habría atrevido a acusar ayer a Zapatero de "romper las normas de juego que rigen desde que existe el CGPJ". Esas normas, si no escritas, sí de comportamiento, han sido rotas en todo caso por quienes pretenden monopolizar el CGPJ sin consideración por el equilibrio que rige la institución.

El sector conservador parece empeñado ahora en poner trabas a la reforma intentando forzar una ampliación del plazo de 15 días de que dispone el Consejo para emitir su informe sobre el anteproyecto del Gobierno. Ese plazo se consideró suficiente para informar anteproyectos que afectan a derechos fundamentales y garantías procesales -Ley de Partidos o reformas del Código Penal de la anterior legislatura- y se considera insuficiente en el caso de un anteproyecto nada complejo que consta de tres artículos y 17 líneas de extensión. Es de esperar que el buen sentido se imponga y el pleno del Consejo corte de raíz lo que podría ser interpretado como un absurdo pulso al Gobierno.