IU propone la incompatibilidad "total" entre la política y la actividad inmobiliaria, junto a sanciones económicas

Izquierda Unida propuso ayer evitar por ley cualquier relación entre las actividades política e inmobiliaria y que las infracciones se castiguen con sanciones económicas. Esta es una de las medidas estrellas del catálogo que ha elaborado el grupo parlamentario para la mesa de negociación de impulso democrático, abierta a iniciativa del presidente de la Junta, Manuel Chaves. En conferencia de prensa, el coordinador de la federación y la portavoz, Diego Valderas y Concha Caballero, señalaron que su intención es que las reformas sobre las garantías democráticas, cuyo calendario y agenda quedarán fijados el lunes, sirvan para que las fuerzas políticas "ganen confianza social".

Valderas y Caballero llamaron la atención sobre el paquete destinado a vigilar la especulación inmobiliaria y la información privilegiada. "Hay que penalizar todo lo relativo al ladrillo", dijo Caballero, quien explicó que la actual Ley de Incompatibilidades no contempla sanciones económicas para el que la incumpla, por lo que, a la postre, "no sirve de nada". "En la década larga que lleva en vigor no ha habido ningún expedientes", señaló la portavoz, quien propone crear un registro específico de propiedades inmobiliarias de los altos cargos y una comisión de seguimiento que emita un informe anual.

"Las personas que tiene posibilidad de hacer contratos importantes son los más tentados, y el periodo más peligroso para la corrupción es cuando el político cesa y puede utilizar información privilegiada, traficar con influencias o colocarse con una de las empresas con la que ha contratado durante años", agregó.

Para impulsar la participación ciudadana, IU sugiere modificar los requisitos de la iniciativa legislativa popular y leyes de función pública y contratos. La igualdad entre hombres y mujeres, a juicio de la coalición, lleva aparejada la modificación de la Ley Electoral y también de la de Gobierno, de forma que se extienda la paridad a los altos y medios cargos.

En cuanto a la transparencia del conjunto de la administración, la publicación de sus asesores, la limitación de los puestos de libre designación, y la reforma de la Ley de Hacienda Pública para que el Parlamento obtenga información de las empresas publicas. Como ya adelantaron durante la campaña electoral, Valderas y Caballero quieren que las promesas y compromisos de los partidos durante las campañas electorales queden bajo la custodia de la Oficina del Defensor del Pueblo, que podría valorar su grado de cumplimiento mediante un informe similar al que efectúa sobre otros asuntos.

Otras de las medidas novedosas es que la RTVA pase a depender orgánicamente del Parlamento de Andalucía y no de la Consejería de Presidencia y establecer una carta de obligaciones públicas del ente. Por último, piden una ley de financiación de los partidos políticos y que la Cámara amplíe su número de diputados de 109 a 140 o 150.