Los grupos arrancan el debate de la reforma del Estatuto con voluntad de consenso

La ponencia parlamentaria de la reforma del Estatuto de Autonomía arrancó ayer sus trabajos con el compromiso de buscar el "máximo" respaldo para elaborar un nuevo texto. En su primera jornada de trabajo, las buenas palabras y las declaraciones de intenciones de los cuatro grupos del Parlamento -PSOE, PP, IU y PA- primaron sobre las diferencias de fondo acerca del alcance que debe tener la modificación y, sobre todo, si ésta debe implicar una reforma en profundidad de la Constitución española de 1978. Los siete redactores del Estatuto andaluz abrirán el 14 de octubre el más de un centenar de comparecencias en el Parlamento. El compromiso es tener elaborado un borrador del nuevo estatuto en junio de 2005.

Los cuatro grupos hicieron pública una declaración política (recogida en esta misma página) en la que expresan tres ideas centrales: la voluntad de consensuar el texto, la centralidad del Parlamento andaluz en esta tarea y la necesidad de que haya una alta participación de la sociedad en los debates. El PP -cuyo portavoz calificó de "proceso histórico" el inicio de la reforma que en su día calificaron de "innecesaria"- quiso incluir una mención expresa de defensa de la Constitución actual, pero dada la discrepancia que manifestó Izquierda Unida se optó por hacer una alusión más genérica a la carta magna en búsqueda del consenso.

Una vez pactada la declaración, cada partido puso el acento en lo que consideró necesario, pero ninguno enseñó sus cartas. El portavoz socialista, Manuel Gracia, subrayó la necesidad de adaptar el Estatuto a la "realidad social" y a "los nuevos derechos sociales", y de obtener "el máximo techo competencial posible sin mirar por el rabillo del ojo a nadie". De esta idea discrepó el diputado de IU Antonio Romero, para quien la comunidad tiene que estar muy atenta a los trabajos de la ponencia estatutaria de Cataluña. Su opinión es que las reformas de los estatutos tienen que "desbordar" el actual marco constitucional.

En el polo opuesto se situó el portavoz popular, Antonio Sanz, quien reiteró que el "límite" de las modificaciones debe ser la Constitución actual. No opinó así el andalucista Antonio Ortega, quien advirtió que las reformas estatutaria y constitucional "tienen que caminar" en paralelo. "La última coma del Estatuto no se puede poner antes de la última coma de la modificación de la Constitución", dijo.

Pese a estas discrepancias, los partidos pusieron el acento en el acuerdo sobre la metodología y el calendario de comparecencias en la comisión de Desarrollo Estatutario. Los grupos cerraron la presencia de unos 80 comparecientes, una cifra que se ampliará posteriormente para alcanzar alrededor de un centenar. Este turno lo abrirán el 14 de octubre los siete redactores del Estatuto, al que seguirán los ex presidentes de la Junta y del Parlamento, los ponentes de la Constitución, el ex ministro de UCD Manuel Clavero y María Ángeles Infante, hija de Blas Infante.

Los representantes de las instituciones, de organizaciones sociales y económicas y expertos en distintas materias acudirán a la Cámara. Para cumplir con el compromiso de que haya un primer texto sobre la reforma en el mes de junio de 2005, el Parlamento habilitará los lunes y el mes de enero para que se celebren las comparecencias.