El TSJ pide juzgados únicos de violencia doméstica y rechaza su desaparición

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, defendió ayer los juzgados específicamente dedicados a violencia doméstica y rechazó el mecanismo anunciado por la Administración que establecería que los juzgados ordinarios tendrían que añadir a su trabajo el de los malos tratos en el ámbito familiar porque a su juicio supondría "desequilibrios". De la Rúa, en el acto de inauguración oficial del curso judicial en la Comunidad Valenciana, admitió que los juicio rápidos están retrasando causas importantes.

De la Rúa reconoció en su intervención el fracaso de los juzgados de violencia doméstica de Alicante, a los que "se derivaron en un único juzgado todos los asuntos relacionados con esta materia, sin que fuera posible, por razón de su número en relación con el volumen total de trabajo dotarles de plena exclusividad". Pero del resultado insatisfactorio, De la Rúa no deduce que no sean la fórmula conveniente sino que deben ponerse en marcha con las dotaciones humanas y materiales que son verdaderamente precisas. "Si se utiliza el sistema de simple reconversión de juzgados ya existentes, que aparece como criterio más aplicable, se induce un claro riesgo de clamorosa alteración en el reparto del trabajo, susceptible de ocasionar un desequilibrio que conducirá a un incremento de los volúmenes de pendencia". Más juzgados únicos en materia de violencia doméstica y la extensión a Castellón y Valencia del plan de integración de maltratadores que ya funciona en Alicante, fueron sus dos apuestas en materia de violencia doméstica.

El presidente del TSJ también se refirió en su discurso en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, ante más de un centenar de representantes de la judicatura, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el consejero de Justicia, Miguel Peralta, a los juicios rápidos. Como ya hiciera hace tres semanas, admitió disfunciones importantes en el desarrollo de los mismos. "Desde la experiencia adquirida parece conveniente un replanteamiento de las dotaciones de esos elementos que causan el efecto más pernicioso y que se ha venido observando, la ralentización en la tramitación de las demás causas". De la Rúa reclamó a Camps que disponga de los recursos para poder hacer frente "a la acusada descompensación que se manifiesta en fase de ejecución entre los procesos que se incoan y los que se resuelven". Y agregó que si la Administración no atiende a ese problema, "puede convertirse en endémico".

Camps se centró en loar los esfuerzos de la Administración autonómica en las infraestructuras judiciales, con la Ciudad de la Justicia como ejemplo máximo.

El teniente fiscal, Miguel Ángel Altés, que intervino en nombre del fiscal jefe del TSJ, Miguel Falomir, insistió en la necesidad de más fiscales para poder responder, especialmente, a la realidad judicial en los partidos judiciales pequeños.