PP, CiU y BNG se oponen a los nuevos horarios comerciales

La ley de horarios comerciales se encontró ayer con la oposición frontal del Partido Popular (PP), de Convergència i Unió (CiU) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso. Las tres formaciones presentaron enmiendas a la totalidad de la nueva normativa, por razones distintas. El PP recogió el sentir de las grandes empresas de distribución por la rebaja del número mínimo de festivos (de los 12 actuales a 8) y del número máximo de horas de apertura (de 90 a 72 horas semanales), y sus efectos negativos para el sector. Los partidos nacionalistas creen que la ley invade competencias autonómicas y, al contrario que el PP, consideran que la ley es demasiado liberal. Las enmiendas se votan mañana en el Congreso.

La nueva normativa ya provocó divisiones entre los ministerios de Economía e Industria y Comercio, e incluso en el Consejo Económico y Social (CES), que no consiguió emitir un dictamen -por primera vez en los 10 últimos años- por las diferencias entre los agentes sociales sobre los efectos de la nueva ley. La actual legislación, aprobada por el Gobierno del PP en 2000, preveía la liberalización total de los horarios comerciales a partir del próximo 1 de enero.

El PP asegura en su enmienda que el proyecto de ley perjudica la eficiencia de la distribución comercial minorista, ya que el paso de 12 a 8 festivos "supone un claro paso atrás". El PP definió la nueva ley como una "medida restrictiva" que no permite la flexibilidad de horarios para que las empresas puedan adaptarse a las necesidades de los consumidores, y aseguró que afectará negativamente a la inversión y el empleo.

El texto que aprobó el Consejo de Ministros a la vuelta de las vacaciones hace hincapié en su vocación marcadamente autonomista, y el Ministerio de Industria afirmó incluso en su día que facilitará la retirada de los nueve recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades. Pero las enmiendas de CiU y el BNG coinciden en que la ley invade las competencias autonómicas. Para Josep Sánchez Llibre, portavoz de CiU, el proyecto "imposibilita que las comunidades pueden legislar sobre horarios comerciales".