Valenciano

La propuesta sobre la iniciativa del ministro Moratinos aprobada por socialistas y conservadores en el debate de las Cortes Valencianas debería ser suficiente para acallar el nuevo sarpullido que el tema de la lengua propia de los valencianos ha desatado entre los políticos. Pero desgraciadamente no va a ser así, por dos razones: porque parece que el asunto siempre da de sí para que las partes en conflicto se autoafirmen en algo que nominalmente ya han abandonado, y, porque a la menor ocasión menudean las interferencias inoportunas que propician este tipo de sobresaltos. La resolución apoya la propuesta de pedir la oficialidad del valenciano en la Unión Europea, al tiempo que se hace eco de la posición de la AVL, que entiende que la denominación de "valenciano" es la más adecuada al marco institucional, aunque no desdeñe otras para el ámbito que trasciende la institucionalidad.

El largo y dificultoso iter de la oficialización del valenciano es fruto de tres hitos fundamentales: el primero, el Estatuto de Autonomía, el segundo, la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, y el tercero, la Ley que creaba la AVL; en los tres se produjo consenso de los actores políticos parlamentarios de cada momento, y, en el último, además, hubo una participación generosa de la sociedad civil y de actores políticos y culturales que trascendían del mero marco valenciano.

Habiéndose producido pues por consenso las grandes decisiones que afectaban a la oficialización del valenciano, e, incluso, habiendo aprovechado el pacto que dio lugar a la creación de la AVL para acordar una batería de medidas paralelas para la promoción y despliegue de su estatus en lo público y en lo privado, es fácil deducir que no habrá ningún avance sustancial en el tema que no cuente con un consenso mayoritario.

Los partidos parlamentarios, el gobierno valenciano y la oposición, y quizás algún partido más de notable presencia en el ámbito local deberían ya excluir de la polémica lo referente a la lengua propia de los valencianos y concertar un nuevo pacto, como los que a nivel de Estado suscribieron las fuerzas políticas para el tema de las pensiones o la lucha antiterrorista, dejando clara de una vez por todas la autonomía sin tapujos de la AVL y disponiendo mecanismos eficientes para avanzar juntos en la normalización de la cooficialidad, en la dinamización de los ámbitos de uso del valenciano y en el diseño de políticas públicas dirigidas a prestigiar la lengua hasta hoy minorizada.

Y ello es doblemente deseable, pues excluir de la agenda de la controversia -y para un plazo tasado no menor de 5 años-, los asuntos de la identidad, el despliegue completo de la LLUEV y del resto de acuerdos que en su momento suscribieron PP y PSPV-PSOE, incluyendo, también, el decálogo que el actual gobierno de la Generalitat publicó poco después de su investidura, puede disuadir, a la vez, a quienes no les afectan los pactos entre valencianos, a los que simplemente actúan para contentar a sus clientelas, o, en fin, aprovechan cualquier ocasión para mostrarse irreductibles en el autismo secesionista o la prepotencia unitarista.

Para quienes desde hace décadas apostamos por el diálogo y supimos ceder y comprender porque nos dolía y nos duele el desacuerdo suicida entre hermanos en algo tan sagrado como es la venerada y maltrecha lengua propia, nada nos alegraría más que el próximo 9 d'Octubre fuese la fecha elegida para anunciar que ese pacto no sólo es deseable sino posible.