Jueces y magistrados de toda España discuten sobre riesgos laborales y medioambientales en Granada

El trabajo, el medio ambiente, la salud laboral, la prevención de riesgos y el derecho al trabajo en un ambiente saludable son algunos de los temas que se discuten desde ayer en el curso Responsabilidad medioambiental: aspectos civiles y riesgos laborales, organizado en Granada por la Consejería de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la primera jornada del encuentro, al que asisten 45 jueces de toda España, se habló de la insuficiencia de la Constitución para dar cobertura a los problemas medioambientales y de la necesidad de una ley integral sobre siniestralidad laboral.

El curso, que se clausurará el próximo jueves, trata de mejorar la preparación y conocimientos de los jueces y magistrados sobre temas medioambientales y relaciones laborales para mejorar el tratamiento jurídico y administrativo de la protección de la naturaleza y lograr una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos que se cometen en estos ámbitos.

En su inauguración, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, se refirió a la falta de cobertura constitucional de la protección del medio ambiente, algo que, según dijo, debería convertirse en un derecho fundamental. Méndez de Lugo explicó que la Constitución sólo establece el derecho al medio ambiente como un principio rector, algo que con el tiempo se ha demostrado insuficiente, según el magistrado. El curso estudiará desastres ecológicos como el vertido tóxico de Aznalcóllar, un análisis necesario para aprender de errores y crear estrategias jurídicas que eviten estos daños, según el presidente del TSJA.

El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, calificó de "desmoralizante" el tratamiento que la justicia da a los casos de siniestralidad laboral. Salinas explicó que en el enjuiciamiento de los accidentes se producen "dilaciones y contradicciones innecesarias", algo que se produce debido a que esos casos son enjuiciados por los tribunales civiles, penales, contencioso-administrativos y de lo social. Todos esos inconvenientes podrían resolverse con la creación de una ley integral contra la siniestralidad laboral, según el magistrado, que pidió su tramitación al Gobierno central. Esa norma, según Salinas, debe reservar estos casos a la jurisdicción laboral para darles una respuesta "unitaria, rápida y eficaz", y establecer las relaciones entre los organismos que trabajan en ellos, como la Fiscalía o la Inspección de Trabajo.

Salinas defendió un endurecimiento de las sanciones económicas contra las empresas que incumplan la normativa de prevención de riesgos laborales, así como de las indemnizaciones para las víctimas de este fenómeno. Para el vicepresidente del CGPJ actualmente son "excesivamente baratas", lo que no les obliga a adoptar las suficientes medidas de seguridad.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo, tres trabajadores perdieron la vida cada día en el primer semestre de 2004 y 465.000 se dieron de baja en todo ese periodo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 80% de los accidentes son evitables.