El Tribunal Superior también ve ilegal parte de las inversiones del Ayuntamiento de Majadahonda en 2002

El Tribunal Superior de Madrid ha dictado una sentencia en la que anula el presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda del año 2002, debido a que parte de sus inversiones no se ajustan a la ley. Otra sentencia de este mismo tribunal, que examinó las inversiones de esta Corporación referidas al presupuesto de 2001, también encontró que el 60% de éstas eran ilegales.

La causa de ambas ilegalidades es la misma. Según el Tribunal Superior, el Ayuntamiento de Majadahonda ha contravenido la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que obliga a que los beneficios obtenidos por el patrimonio municipal de suelo deben destinarse "a fines específicos". Entre estos fines se cuenta el de "construir, rehabilitar o mejorar viviendas sujetas a algún régimen de protección" [...], a "actuaciones declaradas de interés social" [...], a la "conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo", a la "conservación o mejora del medio ambiente", a la "obtención de terrenos y ejecución de redes infraestructuras" o a la "gestión urbanística". En la sentencia se señala que el Ayuntamiento de Majadahonda, cuyo alcalde era entonces Ricardo Romero de Tejada, actual secretario general del PP de Madrid, en el presupuesto de 2002, comprometió gastos del patrimonio municipal de suelo no incluidos en la lista anterior. Por tanto, ilegales. Entre estos gastos se cuenta el "cerramiento de acceso a la biblioteca, las obras de impermeabilización de la cubierta de la Casa de la Cultura [...], obras en la caseta de voley playa, pista de baloncesto de la Sacedilla [...], diversas reparaciones del centro juvenil [...]". Según el Tribunal Superior "se trata de meras reparaciones que tampoco pueden conceptuarse como actuaciones de interés social".

Guillermo Aguillaume, el letrado que interpuso la demanda ante los tribunales, asegura que, aunque es difícil hacer variar ahora un presupuesto de 2002, la sentencia puede influir en diversos factores: "Hará que los dirigentes municipales cuiden de respetar la legalidad a la hora de presupuestar. Además, la oposición puede demandar que se reintegre al patrimonio municipal de suelo lo que ha salido indebidamente de el".