IU pide más viviendas públicas en la Operación Chamartín

El portavoz de Urbanismo de IU en el Ayuntamiento, Justo Calcerrada, exigió ayer que "al menos el 50% del suelo destinado a uso residencial para vivienda en la Operación Chamartín se destine a Vivienda de Protección Oficial". El Ministerio de Fomento ya había pedido hace dos semanas al Ayuntamiento y Comunidad que modificasen el plan parcial para aumentar el número de viviendas protegidas.

Calcerrada recordó que, según su confección actual, sólo se podrían levantar 1.500 viviendas protegidas, mientras que las libres pueden ser entre 8.100 y 21.900 en función de la edificabilidad que se defina.

"El cambio de signo político de la Administración central es una buena ocasión para que se cumplan unos objetivos más ambiciosos en materia de vivienda protegida", añadió el edil.

Con objeto de conocer en detalle el estado actual de este proyecto de prolongación de la Castellana, el grupo municipal de IU trasladará al pleno del Ayuntamiento su preocupación por este asunto y solicitará información sobre el estado actual del proyecto y la postura del equipo municipal.

Calcerrada hizo especial hincapié en la "necesidad de construir las dotaciones públicas necesarias para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos". Según los cálculos elaborados por IU, la proporción de uso dotacional (zonas verdes y equipamientos culturales, deportivos, educativos o sanitarios) debería ser de 49,2 metros cuadrados de suelo destinado a este fin por cada vivienda construida.

El concejal, que reclamó la participación activa de la oposición y los movimientos sindical y vecinal en la definición de este proyecto, calificó esta operación, en sus términos actuales, "como un ejemplo claro de urbanismo a la carta donde se mezclan los intereses económicos y políticos". "En pocas palabras", añadió, "la modificación del plan se limita a recubrir los intereses de una entidad financiera, en este caso el BBVA, a través de otra empresa, Duch [gestora de la operación], vulnerando los principios de interés público que, según la ley, deben regir en todo plan general".

Calcerrada aseguró que "el proyecto actual resulta contradictorio desde el punto de vista urbanístico, socialmente injusto y medioambientalmente insostenible". A modo de ejemplo, se preguntó "cuándo se prolongará la Castellana hacia el sur con el fin de integrar distritos como Villaverde o Usera a través de la avenida de Córdoba".