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Los Presupuestos más definitorios

Joaquín Estefanía

Hacía muchos, muchos años, que unos Presupuestos Generales del Estado no eran tan definitorios de un Gobierno que los que el próximo viernes aprobará el Consejo de Ministros. Definitorios de una filosofía, de una política en general, no sólo de la política económica del Ejecutivo de Zapatero. De su contenido y su presentación dependerá lo que los ciudadanos piensen de aquellos que fueron elegidos para administrar su bienestar el pasado marzo.

El equipo de Pedro Solbes ha gozado de una gran oportunidad para trabajar en silencio y elaborar el documento básico de su política. Sacadas las tropas de Irak y lograda la iniciativa socialista en el desarrollo de los derechos civiles de una democracia de segunda generación (divorcio, aborto, matrimonio entre homosexuales, legislación contra la violencia de género, y tal vez la apertura de un debate sobre la eutanasia que, sin estar entre las prioridades del Ejecutivo, es una exigencia de una parte de la ciudadanía que el PSOE puede desvelar al Gobierno si pretende ser "los ojos y los oídos de la sociedad"), los técnicos de Economía han tenido la suerte de que los ruidos amplificados de la comisión de investigación del 11-M y las polémicas artificiales sobre el modelo territorial han mantenido su trabajo en segundo plano.

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Ahora emerge a la luz pública y ello va a ser más decisivo que otras veces. ¿Por qué? En primer lugar porque se va a ver el resultado dialéctico de las tensiones entre las dos almas del PSOE: el sindicato del gasto, que considera prioritario cumplir con las demandas del programa electoral, y el comando del ajuste, que da prioridad a la estabilidad presupuestaria. El eterno debate, salpicado por las continuas apariciones del presidente de Gobierno haciendo la síntesis: prometer muchas cosas y, a la vez, predicar la austeridad. En segundo lugar, porque el PSOE no dispone de la mayoría suficiente y ha de negociar con los nacionalistas y con su izquierda para obtener el apoyo a su política económica. En el Congreso dispone de 164 votos y necesita 12 más, seguramente los de IU y ERC; en el Senado, también necesitará las aportaciones del CiU y el PNV, toda vez que la oposición dispone de 126 senadores y está tan sólo a siete de la mayoría absoluta.

Esta falta de mayoría es la que hace que la supresión de la ley de Acompañamiento -trampa con la que el PP ha gobernado las dos últimas legislaturas, abusando de ella para incorporar sin debate todo lo que le era preciso para sus intereses partidistas- sea, además de un esfuerzo de transparencia y rigor, un ejemplo de gratuidad para el PSOE. Porque al no disponer de mayoría absoluta en el Congreso y ni siquiera de mayoría relativa en el Senado, no hubiera podido aplicarla con la arbitrariedad del Partido Popular ni aunque hubiera querido. Sea gratis o no, bienvenida sea esa desaparición que hace todavía más exigente la pedagogía presupuestaria del Gobierno.

Antes de que se presenten en el Parlamento, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 han sido calificados como "unos Presupuestos sociales". ¿Qué son unos presupuestos sociales? Para saberlo, sin caer en la propaganda del pasado, será preciso mirar con lupa la letra pequeña de lo que ya se ha ido avanzando: incremento del 7,2% de la inversión pública y del mismo porcentaje aproximado en los gastos educativos; crecimiento del 25% de los fondos de I+D; aumento espectacular del dinero para vivienda; doblar el crecimiento de las pensiones mínimas; subida del 6% en el presupuesto sanitario y para la seguridad ciudadana, etcétera. Todo ello, con un déficit heredado de punto y medio del PIB y en el marco de la estabilidad presupuestaria.

Si el techo de gasto público aprobado en el Parlamento antes del verano fue un 6,2% mayor que el de 2004 (casi 125.000 millones de euros) y hay partidas que suben por encima de ese porcentaje, ¿cuáles se quedan por debajo?; y ¿qué va a pasar con la promesa socialista de adecuar la tarifa del IRPF a la inflación, que fue lo que permitió al PP bajar los impuestos directos sin efectos demoledores para las arcas públicas?

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