Blasco derribará el Atrium Beach pese a las quejas de la promotora

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, se mantiene firme en la resolución que obliga al Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) a derribar el exceso de edificación del hotel Magic Atrium Beach. La dirección de la cadena hotelera, que ha ofrecido suelo en primera línea de costa y otras dotaciones públicas a cambio de la legalización de su proyecto, se considera discriminada por la Generalitat.

El vicepresidente del grupo hotelero que promueve el Atrium Beach, Javier García, aseguró que es "difícil" valorar la resolución que ordena la demolición del exceso de edificación en las obras de La Vila porque "oficialmente no hemos recibido tal resolución". García justificó así el exceso de volumen en la obra. "Empezamos a construir en base a una forma de computar la edificabilidad que luego no se llevó a término". El promotor lamentó que el Consell rechace su propuesta de legalización del inmueble. "Hemos ofrecido 36.000 metros cuadrados urbanizados en primera línea y 24.000 más de suelo dotacional, todo ello valorado en 25 millones de euros", explicó. Ese sistema de compensación, que se conoce como premio hotelero es, según García, una práctica común en España y en Europa. "No entendemos esa obsesión por derribar", agregó.

La promotora se siente discriminada por la Administración. Hay precedentes que, según la cadena hotelera, demuestran la falta de interés de Blasco por solucionar el litigio. Uno de ellos es el acuerdo entre el alcalde de Benidorm y la Consejería de Territorio para compensar el exceso de volumen de los hoteles con zonas verdes en el paraje de Sierra Helada. Con ese sistema el Ayuntamiento de Benidorm he legalizado decenas de hoteles que carecían de licencia de apertura.

La promotora recuerda que la licencia municipal, concedida a la mercantil el 2 de junio de 1999 por el Ayuntamiento, estaba condicionada a la obtención de ese premio hotelero, que la Administración valenciana paralizó. Y reitera que que sólo decidió acometer la construcción del complejo hotelero en 1999 ante las garantías que les transmitieron las autoridades de que no habría dificultades para lograr dicho premio. Por todo ello, la dirección reitera su disposición a alcanzar "una solución definitiva a tan enojoso asunto", e insistió en que no busca "trato de favor ni beneficios no sujetos a la más estricta legalidad".

Desde el departamento de Blasco se aseguró el jueves que la Consejería se mantiene firme en la resolución de derribo. "Al promotor no le ha llegado la orden de derribo porque nosotros la comunicamos al Ayuntamiento y es la administración local la que debe dar cuenta al infractor", explicó un portavoz de Territorio y Vivienda. Blasco ya avanzó en agosto que el caso del Atrium Beach es de extrema gravedad en materia de disciplina urbanística.La resolución de la Consejería de Territorio y Vivienda es clara y contundente: rechaza que se modifique el plan general y ordena que el promotor proceda a la demolición del exceso de edificabilidad y alturas construido. La modificación propuesta por la promotora es "inviable", sentencia la Administración. Según la notificación remitida al alcalde las obras del complejo hotelero "contravienen grave y manifiestamente la ordenación urbanística aprobada, por lo que constituyen una presunta infracción urbanística que debe ser sancionada con la previa aprobación de la Generalitat".

Sanción

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha anunciado que tomará "las decisiones oportunas para la restauración de la legalidad con medidas coherentes con la norma urbanística", aunque, de momento, no lo ha hecho. La Concejalía de Urbanismo de La Vila cifra en 1,59 millones de euros la sanción económica que la promotora del complejo Atrium Beach deberá pagar por las infracciones urbanísticas cometidas en su construcción.

El hotel, en primera línea de playa de La Vila, ha construido varias plantas de más, con un total de 53.000 metros cuadrados de sobreedificación. El complejo hotelero Atrium Beach lleva un año paralizado,después de que en septiembre de 2003 fallecieran en dos accidentes laborales tres operarios de la construcción.