Extranjeros

La aprobación de un nuevo Reglamento de Extranjería, ineludible tras las últimas modificaciones experimentadas por la ley, quiere ser aprovechada por el Ejecutivo para incorporar una serie de importantes medidas que palíen la acuciante ilegalidad del sector y pongan fin a la economía sumergida.

Las constantes modificaciones introducidas en este ámbito en los últimos años por los distintos Gobiernos no han conseguido resolver el problema de la inmigración ilegal. De ahí que su resolución se haya convertido en uno de los primeros objetivos que se ha marcado el nuevo Gobierno. Para ello han incluido en su proyecto de Reglamento de Extranjería algunas propuestas inéditas que, sin embargo, han suscitado fuertes críticas.

El plan del Gobierno incluye varias propuestas para lograr la regularización de aquellos extranjeros que lleven un tiempo trabajando en España de forma ilegal. Una de las principales novedades es el denominado "arraigo laboral", que exige que el inmigrante ilegal denuncie a su empleador y pruebe que ha estado trabajando, al menos, durante un año. El extranjero obtendría un permiso por un año y el empresario, si se compromete a abonar las cotizaciones atrasadas y a contratar al trabajador por otro año, vería suspendida la sanción.

Diversos sectores han criticado esta medida. Se considera abusivo hacer recaer todo el peso de la regularización sobre el trabajador, enfrentándolo con el empresario, y poniendo así en peligro su puesto de trabajo; y ello con independencia de la posibilidad real de probar la existencia, durante un año, de una relación laboral. También ha suscitado reservas la aceptación por el empresario del pago retroactivo de las cotizaciones pendientes.

No obstante, el Gobierno ha planteado también la apertura previa de un proceso extraordinario, donde por un "breve" plazo de tiempo los empresarios podrían regularizar a sus trabajadores extranjeros ilegales, sin ser objeto de sanción. Tras lo cual la aplicación de la ley, en palabras del ministro, sería "inflexible".

La intención del Ejecutivo, con la presentación de este borrador, es generar un gran debate del que pueda surgir la solución más idónea.