Bisutería y espejuelos

LA SESIÓN DE APERTURA del año judicial (¿no sería conveniente que sus protagonistas aliviaran la bisutería decorativa sobre sus negras togas?) fue precedida por una iniciativa parlamentaria del PSOE, IU y ERC para cambiar el sistema de nombramiento por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los magistrados del Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. La proposición no de ley eleva la actual mayoría requerida para tales designaciones de 11 a 13 votos sobre 21, mayoría reforzada ya exigida para la elección de los dos magistrados judiciales del Constitucional.

Al igual que ocurre con otras mayorías cualificadas, el nuevo sistema corre el doble riesgo de congelar indefinidamente la decisión esperada (por la demora del acuerdo entre las partes) o de elegir candidatos de perfil profesional bajo y preferencias ideológicas epicenas (precio a pagar por la neutralidad de mínimos). Pero José Luis Requero -un locuaz vocal de la actual mayoría del CPPJ cuya rigidez ultraconservadora se dobla con una sectaria disciplina religiosa- considera que la propuesta es un engaño de la minoría para obtener una ilícita representación desproporcionada con sus fuerzas "bajo el espejuelo del consenso", despreciado como un ardid tramposo empleado por cazadores de ventaja con el fin de atraer y matar alondras.

El comienzo del nuevo curso judicial coincide con la presentación en el Congreso de una proposición no de ley del PSOE, ERC e IU para elegir a los magistrados del Supremo por mayoría cualificadaBisutería y espejuelos

Ante el peliagudo dilema de tener que elegir entre dos males, los peligros potenciales de la mayoría cualificada parecen menos temibles que los estragos reales causados por el rodillo aplicado por la mayoría absoluta del actual CGPJ. Hasta su última renovación -por cinco años- en noviembre de 2001, el pleno del órgano de gobierno de la magistratura había mantenido con relativo decoro sus equilibrios internos tanto para aprobar dictámenes sobre anteproyectos legislativos como para nombrar a los presidentes de Sala y magistrados del Supremo y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero la mayoría absoluta alcanzada por el PP en las elecciones generales de 2000 y la candorosa torpeza de los portavoces de la minoría parlamentaria del PSOE tras su 35º Congreso al negociar con el Gobierno a lo largo de 2001 la reforma neocorporativa del sistema de elección del CGPJ -primero- y la designación de sus 20 miembros -después- engendraron una criatura teratológica, apadrinada en la pila bautismal por el nuevo presidente votado por todos los vocales. Los 10 candidatos del PP y el presidente Hernando -más identificado si cabe con el Gobierno de Aznar- formaron una mayoría absoluta de hierro; el abandono del vocal José Antonio Alonso, seducido a mitad de su mandato por el cargo de ministro del Interior en el Gabinete de Zapatero, debilitó el reducido pelotón de la minoría.

Bajo el trienio negro hegemonizado durante la última legislatura por Hernando (presidente del CGPJ y del Supremo), Jiménez de Parga (presidente del Constitucional) y Michavila (ministro de Justicia), el mundo jurídico sufrió un grave deterioro en todas sus dimensiones. Juan Antonio Lascurain ha estudiado ("¿Que les corten la cabeza?", Claves de Razón Práctica, nº 145) la enloquecida espiral de endurecimiento atrabiliario de la normativa penal y procesal disparada por el melifluo ex titular de Justicia a partir de 2003; la chapucera elaboración de las normas por el Gobierno y su mayoría llegó hasta el esperpento con la ley de acompañamiento presupuestaria. Las solapadas o abiertas interferencias del Ejecutivo y del PP sobre la actividad jurisdiccional de los tribunales, la utilización del Fiscal General como larga mano de los deseos gubernamentales y la purga de fiscales de Sala al socaire de las renovaciones de sus mandatos temporales cerraron el cerco. Finalmente, la implacable utilización de la mayoría absoluta del PP en el CGPJ a fin de conformar de manera sectaria y clientelista la organización de la justicia para muchos años quedó potenciada por otra reforma del inquisitorial Michavila: el nombramiento discrecional y la amovilidad temporal de los presidentes de Sala de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional.