Derechos humanos emergentes y globalización
La respuesta violenta, fanática, suicida con que numerosos grupos, colectividades y pueblos afrontan la resolución de los conflictos políticos, étnicos y religiosos que les conciernen, perceptible en estos últimos días de forma cruenta y brutal en diversas áreas geográficas, que sigue la estela de barbarie que marcó a ciudades como Nueva York, Moscú y Madrid en el reciente pasado, nos proporciona un escenario dramático de terror indiscriminado, que evidencia el predominio de la fuerza de las armas sobre la razón, que nos aleja precipitada y bruscamente de la contemporaneidad, que reside en el reconocimiento del valor irrenunciable de los derechos humanos.
Estas acciones armadas, ultrajantes de la dignidad del ser humano, de menosprecio de la vida propia y ajena, que persiguen la aniquilación del otro, que implican la negación del ser diferente, nos provocan un profundo sentimiento de dolor, de solidaridad y, a la vez, de desesperanza y de frustración, porque nos muestran el grado de deshumanización ética que la familia humana ha alcanzado. Y esta sucesión cotidiana de hechos cruentos de signo belicista y totalitario, que desvela la falta de respeto más absoluto a los valores democráticos escritos en la proclamación de los derechos humanos como derechos comunes y universales, y que demuestra la vulnerabilidad de nuestras sociedades, la impotencia de las estructuras estatales y subestatales, y la levedad de la actuación exigible de la comunidad internacional, nos exige, en cuanto ciudadanos que formamos parte de la comunidad política global, una profunda e intensa reflexión intelectual comprometida sobre el peso del derecho internacional de los derechos humanos en el devenir de nuestra civilización, que promueva la búsqueda de respuestas colectivas capaces de afrontar la situación de desorden global incipiente que caracteriza a esta era que identificamos como de la globalización o mundialización.
Debemos retener, como marco referencial coherente de un discurso emancipador del ser humano y de los grupos y las colectividades en que se integra, que frente a la inseguridad global, frente a la impunidad bélica, frente al olvido de los valores de libertad y fraternidad, cabe interponer, contraponer, la idea del imperio de los derechos humanos, del valor del derecho internacional, la aspiración de la globalización de la solidaridad y de la justicia. Frente a la debilidad de la comunidad internacional en el gobierno de la mundialización, se impone fortalecer el sistema multilateral de toma de decisiones colectivas que representa la Organización de las Naciones Unidas, expandir la aplicación de fórmulas institucionales de gobernabilidad democrática e insertar un estatuto de ciudadanía a nivel mundial que se corresponda plenamente con la noción del ser humano como ser libre e igual, portador de derechos y deberes inherentes a la dignidad humana.
El imperio del derecho internacional, del derecho de los derechos humanos, significa reivindicar el valor irrenunciable de los derechos humanos enunciados en la Declaración de los Derechos Humanos (1948) como vector ideológico condicionante del destino humano, capaz de cubrir el vacío ético que nos desvela la globalización, y como expresión política fundacional de nuestra constitución universal. Debemos descubrir la fuerza inderogable de los valores de libertad, igualdad, fraternidad y justicia, que permiten vertebrar la comunidad internacional, y racionalizar y pacificar los complejos conflictos que afectan a nuestras sociedades.
La reivindicación de la función tutelar de los derechos humanos interesa a la comprensión actualizada de los derechos y las libertades que requieren ser codificados, adaptados constantemente, para responder adecuadamente a los retos emergentes globales, porque los derechos humanos son la respuesta ética y política a los desafíos de la globalización.
La lucha por la efectividad de los derechos humanos sigue siendo la apuesta más apasionante que la comunidad internacional, los Estados, los agentes económicos y sociales, y los ciudadanos debemos afrontar para garantizar a todos el derecho a vivir en libertad, sin temores ni odios, para corregir las desigualdades, los graves desequilibrios existentes, en un tiempo de presente, y permitir hacer visible para las actuales generaciones el disfrute de los recursos básicos.
No podemos contentarnos, como militantes de derechos humanos, con el enunciado de proclamaciones retóricas de derechos, principios y valores inherentes a la dignidad humana que no vayan acompañadas de la enumeración de las responsabilidades y los compromisos concretos, que, de forma compartida, debemos asumir y adoptar para procurar un estado de globalización de la paz, la justicia y la solidaridad, perceptible por la totalidad de los habitantes del planeta, que nos devuelva a las sendas de la esperanza y de la liberación.
La reforma de la arquitectura de las Naciones Unidas, que requiere asumir la centralidad de la Asamblea General y la autonomía del secretario general, estructurándose el Consejo de Seguridad en el pleno reconocimiento de la igualdad de los Estados miembros, y derogar los derechos de veto, se destaca como factor institucional necesario para emprender las políticas que aborden los graves desafíos mundiales, para promover el desarrollo de los derechos humanos y garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad en el planeta.Las acciones para desarrollar las políticas de universalización de los derechos, que deben considerarse una tarea prioritaria de la comunidad internacional y de los Estados nacionales, deben ser legitimadas por la comunidad política global por la participación efectiva de todos los seres humanos, dotados de un estatuto de ciudadanía pleno con independencia del lugar que habitan. Debemos combatir los miedos universales con la adopción de decisiones políticas globales fundadas en los mismos ideales que inspiraron la Carta fundacional de las Naciones Unidas, para no precipitarnos en una nueva Edad Media como vaticina Alain Minc.
Y en este camino de reivindicación de la función de los derechos humanos, en cuanto expresan el leguaje más legítimo contra la injusticia, como advierte Boaventura de Souza, la presumible aprobación por la reunión de líderes mundiales, que se celebrará el 20 de septiembre en Nueva York en las Naciones Unidas, de la declaración sobre medidas efectivas para luchar contra la pobreza en el mundo, propuesta entre otros países por Brasil y España, sirve de estímulo para erradicar esta violación permanente de los derechos humanos, que consiste en la conservación de situaciones de hambre y de miseria extremas, y para permitir recobrar a esta organización la autoridad y legitimidad para encarar políticamente los retos que afectan a miles de seres humanos, comprometidos en la Declaración del Milenio.
Y las conclusiones que adopte el diálogo sobre derechos humanos emergentes, que paralelamente se celebrará en el Fórum, que acogerá a destacados representantes de organizaciones no gubernamentales y militantes de derechos humanos, en cuanto expresión de la sociedad civil activista de derechos humanos, permitirán construir un núcleo duro de pensamiento ideológico fundado en la afirmación de los valores democráticos, que servirá para trazar puentes entre la comunidad internacional formal y la comunidad política global.
Ambas manifestaciones, de carácter institucional y social respectivamente, deberán coincidir en imponer en la agenda global el desarrollo de las políticas necesarias para recuperar el mundo; para rectificar las situaciones de pobreza, de marginación y de exclusión política y social; para dar respuesta clara y contundente, no ambigua, ni distante, ni dilatada en el tiempo, a los desafíos emergentes, la extensión de la democracia política y social, la corrección de los desequilibrios regionales, el reforzamiento de la integración en determinadas áreas geográficas del mundo; para impulsar decididamente la ansiada globalización de la solidaridad, la libertad y la justicia.
J. M. Bandrés es presidente de honor del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
