En valenciano, imposible

La realidad se impone a la retórica. Mientras en las Cortes el PP convertía ayer la polémica idiomática sobre el valenciano y el catalán en poco menos que una cuestión de Estado, y los gobiernos municipales dirigidos por los populares anuncian mociones en apoyo del reconocimiento oficial de la lengua en la Unión Europea, el Ayuntamiento de Valencia impide utilizar los nombres valencianos de las calles en el registro municipal de empadronamiento.

Carlotte Richard, francesa, de 31 años, y Neil Larsen, canadiense, de 36, llegaron a la ciudad a finales de enero. Alquilaron un piso en el carrer de Dalt, en el barrio de El Carme, y luego intentaron empadronarse. Un paso necesario para tramitar todo tipo de permisos, empezando por el de trabajo.

Al llegar a la ventanilla, sin embargo, un funcionario les comunicó que la inscripción era imposible. ¿El motivo? Oficialmente el carrer de Dalt, nombre que figuraba en el contrato de arrendamiento, en el formulario que el matrimonio había rellenado, y en una docena de rótulos colgados en su calle, no existe.

El asunto se complicó porque ni la francesa ni el canadiense hablan apenas castellano. Después de varios intentos fallidos, y de la intervención de varios funcionarios municipales, el matrimonio optó por llamar al arrendador, Josep Rodrigo, profesor del Instituto Cervantes, que en esos momentos se encontraba de vacaciones cerca de Madrid.

Rodrigo acompañó a sus inquilinos a la Junta de Distrito. "Pensamos que allí sería más sencillo por eso de que son del barrio". No lo fue. La funcionaria, luego de subrayar que no se trataba de nada personal, les enseñó un voluminoso libro en el que constaba la calle Alta, pero ni rastro del Carrer de Dalt. El sistema informático con el que trabajan, añadió, no permite introducir ningún nombre que no haya sido previamente incluido en el archivo. Después de negarse pero colocado ante la perspectiva de que sus inquilinos no podrían acceder siquiera a la atención sanitaria, Rodrigo transigió. El contrato y el formulario fueron redactados en castellano y el funcionario procedió a su inscripción.

El arrendador expuso el caso a la Asociación de Vecinos La Boatella, y su presidente, Joan Sanchis, anunció ayer la presentación de un recurso para que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia anule el acto. El siguiente paso consistirá en denunciar a la alcaldesa, Rita Barberá, responsable última del registro, por discriminación lingüística y por violar un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, y también en el Estatuto de Autonomia, y en la Llei d'Us i Ensenyament. Leyes, indica Sanchis, que "no sólo permiten utilizar el valenciano ante instancias oficiales, sino que imponen a la Administración el deber de potenciar su uso y normalización".

Para la asociación de vecinos de El Carme el caso del carrer de Dalt, "un nombre popular y muy utilizado", es sólo una muestra de un problema más amplio que se repite en el conjunto de la ciudad.

Carlotte Richard y Neil Larsen, entretanto, tienen todo el aspecto de no entender nada del proceso que han vivido. Ambos escogieron vivir en Valencia, ciudad que nunca habían visitado, en primer lugar porque se encuentra en un país que dadas sus nacionalidades consideran "neutral". Y también porque alguien les dijo que era una ciudad con buen clima, humana -no tan grande como Madrid o París"-, y que está junto a la costa mediterránea. "Nos advirtieron también de que la burocracia española era un poco lenta, pero nunca esperábamos un lío como éste".