El PP intenta recuperar la iniciativa política en el debate con la intervención de varios consejeros

El Consell y el Grupo Popular intentaron ayer recuperar la iniciativa en la segunda jornada del debate sobre política general que se celebra en las Cortes Valencianas. Varios consejeros y portavoces parlamentarios tuvieron que aplicarse para intentar contrarrestar las críticas de la oposición del día anterior e intentar crear nuevos focos de atención después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no lograra imponer su agenda en la primera jornada del debate de política general. El PP recuperó todos los temas polémicos, desde el AVE al valenciano, sin olvidar el PHN.

De manera inusual, los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, y de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, hicieron uso de su derecho a intervenir en el hemiciclo para defender las posiciones del Consell en varias propuestas que se debatían en la Cámara.

José Ramón García Antón salió a la tribuna de oradores para defender la gestión del Partido Popular en el proyecto de construcción de la línea del AVE Madrid-Comunidad Valenciana y justificar la petición de su grupo parlamentario instando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que el trayecto entre en funcionamiento en 2007.

Su homólogo en la cartera de Economía, Gerardo Camps, también pidió la palabra para defender la situación financiera de la Generalitat y avalar la petición de su propio grupo que pedía la presentación en la Cámara del Plan de Saneamiento Económico-Financiero antes de que el Consell lo lleve al Consejo de Política Económica y Fiscal. Una intervención que Gerardo Camps tuvo que ampliar para justificar la posición del Consell en situaciones laborales como las de Sáez Merino e Izar en Manises.

Los portavoces adjuntos del PP Rafael Maluenda y Ricardo Costa también se tuvieron que emplear a fondo para mantener viva la presencia en el debate parlamentario del derogado trasvase del Ebro y rechazar las críticas al denominado eje de la prosperidad entre Madrid, Valencia y Baleares y el modelo de centralidad defendidos con vehemencia el día anterior por el presidente de la Generalitat.

Rafael Maluenda fue el encargado de mantener viva la reivindicación del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, mientras en Madrid el PP presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra la paralización decretada. Por su parte, Ricardo Costa también se esforzó en rechazar las críticas al proyecto impulsado por Camps de que la Comunidad Valenciana ocupe un papel central como plataforma logística y en descalificar las peticiones de la oposición para que considere la posibilidad de liderar el arco mediterráneo o discutir sobre la eurorregión que postula Maragall.

Costa, un hombre de confianza del presidente de la Generalitat, también se tuvo que emplear a fondo para rebatir las críticas a la política de contrataciones de la Generalitat. Si el día anterior, el portavoz socialista, Joan Ignasi Pla, había pedido la creación de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar por qué se producen sobrecostes de hasta el 40% de manera habitual en un buen número de las obras adjudicadas por el Consell, ayer Ricardo Costa achacó esa petición a la desconfianza del PSPV hacia la Sindicatura de Comptes, encargada de fiscalizar las cuentas de la Generalitat.

Pero donde los dirigentes populares echaron el resto fue en la polémica sobre la unidad lingüística del catalán y el valenciano. El intento de focalizar la atención sobre esta cuestión no estuvo, sin embargo, exento de tensiones. La vicepresidenta primera de las Cortes, Maira Barrieras, llamó la atención al portavoz de Esquerra Unida-L'Entesa, Joan Ribó, por mirar al jefe del Consell cuando, desde la tribuna, reprochaba al PP que en su proposición en defensa del valenciano ni siquiera se hubiesen tomado la molestia de presentarla en esta lengua. La actitud del presidente de las Cortes, Julio de España, al leer el contenido de una segunda proposición referida al valenciano y escrita en esta lengua -transaccionada por el PSPV con el PP-, empañó también la posición de los populares. De España dio lectura a la proposición transaccionada traduciéndola al castellano con serias dificultades, lo que provocó la queja de una diputada socialista. Una queja que estuvo seguida de reproches entre el banco socialista y el popular y una sensación de bochorno en un nutrido grupo de parlamentarios. La situación hizo que De España acabase de leer en valenciano la proposición transaccionada mientras más de un parlamentario exclamaba "¡No me he enterado de nada!" y procedía a votar la propuesta.