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Sevilla anima al Senado a reactivar la ponencia para su reforma

Carlos E. Cué

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, animó ayer a los senadores a "reactivar" la ponencia del Senado que marca la guía para la reforma de la Cámara alta. Esta ponencia, en la que se alcanzó un importante grado de acuerdo entre todos los grupos, fue sin embargo aparcada en la legislatura pasada gracias a la mayoría absoluta del PP.

Sevilla aprovechó ayer la respuesta a una senadora del PNV, Inmaculada Loroño, para reforzar su apuesta por los contenidos de esa ponencia que, en su opinión, "era útil y fue prematuramente abortada". El ministro animó además a todos los grupos a participar en este debate para llegar a una reforma consensuada.

"Resulta difícil encontrar algún partido que, antes de llegar al Gobierno, no haya prometido que iba a reformar el Senado. Pues bien, nosotros, además de decirlo, queremos hacerlo", señaló Sevilla, quien adelantó que se consultará a las comunidades autónomas sobre sus aspiraciones para esta reforma, ya que la intención es convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial.

Sevilla mantuvo también ayer en la Cámara alta un agrio debate con el portavoz del PP, Pío García Escudero, sobre la reforma constitucional, en el que este último reprochó al ministro que no tenga "un modelo cerrado". Escudero se mofó del cruce de declaraciones en los últimos días entre varios dirigentes socialistas, que calificó de "desconcertantes e incluso insultantes". "Estamos asistiendo a un espectáculo lamentable entre presidentes de comunidades autónomas de su partido", le espetó.

Sevilla le respondió que el Gobierno sí tiene un modelo de Estado claro, que es "el autonómico, anclado en la Constitución, en el que el representante del Estado en cada comunidad es el presidente autonómico y en el que hay nacionalidades y regiones".

"Creemos en el Estado de la Constitución, incluido ese Título VIII al que ustedes llegaron tarde" señaló Sevilla, en referencia al título que regula el Estado autonómico, que los antecesores del PP, la Alianza Popular de Manuel Fraga a la que pertenecían muchos de los actuales dirigentes populares, rechazaron de plano en un principio.

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