Trabajo investiga a la Cruz Roja de Alicante por precariedad laboral

Inspección de Trabajo investiga a la oficina provincial de Cruz Roja de Alicante por supuestas irregularidades en la contratación laboral de sus trabajadores y por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Trabajo interviene a instancias de una denuncia de UGT. Ayer, el secretario provincial, Miguel Mérida, quitó hierro al asunto, aunque reconoció que la inspección fue "rutinaria".

Juan Francisco Richarte, responsable de Salud Laboral de UGT, precisó que el sindicato denunció ante el órgano laboral a la organización humanitaria, el pasado 22 de junio. UGT aprecia que contratos efectuados por la ONG "no se adecuan a las funciones que realiza el personal". De la misma manera, para UGT, la entidad solidaria incumple el convenio de oficinas y despachos al que está acogido.

Otra de las presuntas anomalías es el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Juan Francisco Richarte señaló que han recurrido a la Inspección de Trabajo ante las "constantes negativas" de Cruz Roja a subsanar las deficiencias. El ugetista recalcó que la entidad, como cualquier otra empresa, debe cumplir la legislación vigente.

En los últimos meses, la organización humanitaria se ha visto envuelta en varios asuntos polémicos. El pasado junio, la ONG abrió una investigación para esclarecer supuestas irregularidades en la gestión del presidente provincial, Rafael Ramón Borja. La investigación persigue aclarar si hubo un supuesto tráfico de influencias relacionado con su despacho de abogados, y si cargó gastos personales a costa de la organización. La polémica se desató a raíz de destituir a principios de mayo al máximo responsable en la asamblea local de Novelda, el empresario Jesús Navarro.

Por su lado, el secretario provincial de Cruz Roja en Alicante, Miguel Mérida, definió ayer la actuación de la Inspección de Trabajo como una "intervención rutinaria", y desmintió una supuesta denuncia contra la organización por supuestas irregularidades en la contratación y por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La entidad humanitaria cuenta con una nómina aproximada de 200 trabajadores, repartidos en 27 asambleas locales. Además, cuenta con 6.000 voluntarios.