Hacienda exige a Solbes capacidad para enjugar en tres años 971 millones de déficit de 2003
La Generalitat reclama el mismo tratamiento que Cataluña en el consejo de política fiscal
El Estado pondrá hoy sobre la mesa los desfases presupuestarios en que incurrieron 13 comunidades autónomas durante 2003 y exigirá planes de saneamiento a cada uno de los ejecutivos autonómicos para paliar sus problemas financieros de acuerdo con la ley de estabilidad. La Comunidad Valenciana afronta un déficit de 971 millones de euros, el segundo por volumen, y pide al Estado capacidad para enjugar ese desequilibrio en tres años con sucesivos presupuestos deficitarios. Gerardo Camps, consejero del ramo, exigió ayer "trato idéntico" para todos.
La financiación de la sanidad provoca la "inmensa mayoría" del desfase
El consejo de política fiscal y financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Estado y de cada uno de los gobiernos autonómicos, se reúne mañana por segunda desde que el socialista Pedro Solbes ocupa el Ministerio de Hacienda y está en vigor, aunque sin desarrollo reglamentario, la ley de estabilidad presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro, una norma que exige el equilibrio entre gastos e ingresos en las cuentas de todas las administraciones.
Cataluña y Galicia, con la oposición de la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, arrancaron en la primera reunión con Solbes una autorización del Estado para enjugar a lo largo del próximo trienio los respectivos desfases presupuestarios que asumieron para 2003. Galicia, como una nueva compensación por el desastre del Prestige. Cataluña, a partir de un déficit confesado como resultado de una deficiente financiación sanitaria.
Gerardo Camps, consejero valenciano y portavoz de los responsables de Hacienda del PP, denunció entonces el acuerdo "bilateral" alcanzado entre el Estado y Cataluña a partir de una estimación poco transparente del déficit sanitario catalán de 2003.
Las cuentas se deben aclarar hoy. La Intervención General del Estado pondrá sobre la mesa el déficit que atribuye a 13 de las 17 comunidades autónomas y que se eleva a 971 millones para la Comunidad Valenciana, la segunda por volumen después de Cataluña.
El desfase en la financiación de la Sanidad, según una alta fuente de la Hacienda valenciana, provoca la "inmensa mayoría" de ese desfase. El problema se arrastra desde que se pactaron las transferencias del Estado que sufragaban los servicios efectivos, no las necesidades sanitarias reales. El último modelo de financiación autonómica, el más beneficioso para la Comunidad Valenciana hasta la fecha, parte, sin embargo, de un censo de población de cuatro millones de habitantes, cuando la población de hecho ronda ya los cuatro millones y medio.
La Generalitat Valenciana y la catalana afrontan problemas muy similares. Los catalanes ya han solicitado un "pacto sanitario" para abordar el problema. La Generalitat Valenciana no se identifica con las demandas del tripartito catalán, pero el responsable valenciano de Hacienda pedirá un "trato idéntico" para todos. Si efectivamente se atribuye a la Comunidad Valenciana un déficit de 971 millones, la Hacienda autonómica prevé "recortar gastos y aumentar ingresos" para sanear ese desfase en la medida de lo posible, pero exige capacidad para enjugar la mayor parte del desfase a lo largo de tres ejercicios presupuestarios deficitarios.
Camps afronta una negociación complicada. Ninguna autonomía gobernada por el PP comparte sus problemas para pagar la factura sanitaria. Y la deuda de los valencianos ya es la mayor de España.
El último informe al respecto de la agencia de calificación Moody's, además, alertaba el pasado junio sobre el aumento del "perfil de riesgo" de la deuda debido a la creciente "implicación" de la Generalitat "en actividades extrapresupuestarias", según el PSPV, informa Cristina Vázquez. La diputada Cristina Moreno, citando textualmente el informe, se refirió al dinero público enterrado en Terra Mítica o en a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y concluyó: "El informe de Moody's es un varapalo a la política económica de la Generalitat y revela las mentiras del PP".
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