Declaración de gobierno catastrófico

Hace unos días se han vuelto a producir inundaciones en la Comunidad Valenciana. Esta vez ha sido en el Camp de Morvedre, en la Plana de Castellón, y sobre todo en Nules, donde sus habitantes han visto desaparecer en un momento, bajo las aguas, todo lo que les rodeaba. Casas, campos, carreteras o industrias fueron tragados por incontenibles caudales formados súbitamente a consecuencia de las lluvias torrenciales. Un espectáculo sobrecogedor que se produce con demasiada asiduidad en la Comunidad Valenciana. Vaya por delante mi solidaridad con todos los afectados, cuyo sufrimiento comprendo y comparto desde mi condición de alcalde de una población, l'Alcúdia, que también ha padecido inundaciones. Asimismo, otros muchos municipios valencianos guardan en su memoria el mismo horror. Gran parte del territorio de la Comunidad Valenciana, 278 zonas según el Plan de Acción Territorial para prevenir el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana (Patricova), tiene riesgo de inundabilidad en mayor o menor grado. Cada año pagamos un alto coste en bienes, e incluso en vidas, que es imprescindible evitar en lo posible.

Y si es posible y no se ha hecho, éste es el momento de asumir responsabilidades y, sobre todo, de dar explicaciones. Es indudable que el Consell nada puede hacer respecto de dónde, cuándo o en qué cantidad se producen las precipitaciones en la Comunidad Valenciana. Pero también es cierto que las inundaciones son un fenómeno recurrente y que hace años que el Consell sabe qué obras podrían reducirlas o evitarlas. En el caso de Nules, el barranco de Juan de Mora ya fue catalogado como de alto riesgo de inundabilidad en el borrador del Patricova (2001). Cuando finalmente se aprobó, en 2003, establecía como obra prioritaria el encauzamiento de este barranco, correspondiendo a la Consejería de Infraestructuras ejecutar la obra en el plazo de doce meses. Ante estos datos, y después de lo que ha pasado, Camps debe explicar por qué los presupuestos de la Generalitat Valenciana nunca han incluido esta obra. Pero la explicación no puede ser que se han acometido otras actuaciones más urgentes, porque la Generalitat Valenciana no ha ejecutado ninguna de las actuaciones del Patricova que le corresponden. Ni tampoco urgió en ningún momento al Gobierno Aznar para que ejecutara las que correspondían al Estado. Muchas de las 153 actuaciones del Patricova estaban también previstas en el anexo de inversiones del PHN, aprobado en 2001, cuya ejecución reclamamos reiteradamente todos los partidos políticos. Para estas obras, el Gobierno Aznar solicitó 600 millones de euros a la Unión Europea, quedando obligado a presentar los proyectos concretos en un plazo de cuatro años, para obtener las subvenciones. Sin embargo, no presentó un solo proyecto. Si no se produce a tiempo un cambio de Gobierno, España hubiera perdido esos fondos europeos. En los tres años que transcurrieron, la Generalitat Valenciana nunca reivindicó esas inversiones estatales.

La deuda que arrastra la Generalitat Valenciana y la situación de quiebra técnica en la que se encuentra, tampoco puede explicar la inoperatividad del Consell, ya que sólo las retribuciones de dos años de los 31 nuevos altos cargos nombrados por Camps en el último mes, ya cuestan lo mismo que encauzar el barranco de Juan de Mora. Estamos, pues, ante una cuestión de prioridades y de talante político.

Sin embargo, la prevención de riesgos naturales no consiste sólo en realizar obras, sino también en impedir ocupaciones del territorio que no son coherentes con sus características ni con su capacidad para asimilarlas sin consecuencias. En este sentido, Camps debe ser consciente de la importancia de valorar los impactos ambientales de cada actuación y debe exigir de su Consell una política más racional en esta materia, comenzando por acabar con el desaforado urbanismo de nuestro litoral. Las costas de la Comunidad Valenciana son las más erosionadas de Europa, según el Informe Erosión publicado por la Comisión Europea. Cada año, nuestras playas pierden dos millones de metros cúbicos de arena, cuya reposición implica extraerla de otros lugares, devastando unas zonas para reparar otras. La costa castellonense es la más degradada y, sin embargo, según declaraciones del presidente de la patronal castellonense de la construcción, los programas urbanísticos que hay proyectados para el litoral de Castellón supondrán la ocupación de 40 millones de metros cuadrados, con 200.000 viviendas y 100.000 plazas hoteleras en la costa. Este caos urbanístico no sólo está deteriorando irremisiblemente los valores naturales de nuestro territorio, sino que contribuye a aumentar la gravedad de procesos como la desertificación, la erosión del suelo o las inundaciones.

El modelo de urbanismo valenciano está siendo cuestionado también por la Unión Europea, debido a su carácter especulador. En junio pasado, una delegación de eurodiputados visitó nuestro país para constatar la veracidad de las denuncias presentadas ante la Comisión por una aplicación abusiva de la Ley valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El informe que han redactado debería producir vergüenza en el Consell, que ha amparado los abusos que se relatan en municipios como Benissa, La Vila Joiosa, Tibi, Teulada, Xàbia, La Nucia, San Miguel de las Salinas o Benidorm. La LRAU, aprobada en 1994, necesitaba de un reglamento que regulara su aplicación y evitara estos abusos. Este desarrollo reglamentario ha sido obviado conscientemente por los sucesivos Consells para no establecer cortapisas a los extraordinarios negocios urbanísticos que se han producido al amparo de este vacío reglamentario. Operaciones como la realizada en Terra Mítica, han supuesto la urbanización de más de 10 millones de metros cuadrados en el entorno del parque permitiendo, a través de la declaración de "utilidad pública", la recalificación de un suelo recién devastado por un incendio forestal, añadiendo al delito ecológico que comporta un enriquecimiento ilícito permitido por la Administración. En el informe de los eurodiputados se califica de "elocuente" esta operación, ya que las parcelas fueron expropiadas en 1997 al precio de tres euros el metro cuadrado y posteriormente el gestor urbanístico las tasó en 20 euros el metro cuadrado.

El informe también se hace eco de las denuncias que, a este respecto, ha realizado el Síndic de Greugues valenciano, así como de la desatención con que han sido escuchadas por el responsable de urbanismo del Consell, Rafael Blasco. Actitud que no nos sorprende, puesto que el proyecto urbanístico que el Instituto Valenciano de la Vivienda está impulsando en Cullera, incluyendo más de 33 torres de 25 alturas en primera línea de playa, así como hoteles de 42 plantas, es buena prueba de cómo entiende el conseller el concepto de urbanismo sostenible.

En consecuencia, por los graves efectos ambientales y económicos que la política del Consell está ocasionando al territorio valenciano y a la calidad de vida de sus habitantes, el Consell de Camps merece la declaración de gobierno catastrófico.

Francesc Signes i Núñez es secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV