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Columna
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Dispersión

Poco antes del verano conocimos que se había aprobado el plan para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Sevilla. Ahora sabemos que el presupuesto inicial para esta construcción es de 85 millones de euros y que, entre las distintas propuestas, se va a elegir la que decidan los ciudadanos. Estupendo. Hay que alegrarse. Vamos a contar con un espacio en el que la concentración de órganos judiciales haga más eficaz la atención al ciudadano y las tareas de los profesionales. Lo mismo de estupendo y la misma alegría debe sentir Málaga. También va a contar con una ciudad de la Justicia y con un presupuesto aproximado. Incluso la van a sentir con más intensidad. Sin embargo, uno, como es de graná, se pregunta si se va a realizar otra ciudad en Granada. Parece ser que sí. Que su construcción está prevista en La Caleta.

Unos proyectos que van a evitar la dispersión de los órganos judiciales y, posiblemente, hasta con las motos de abogados y procuradores; imprescindibles para estar medianamente a su hora en juzgados y tribunales. Málaga se lleva la palma. Sin embargo, y como sin querer, a veces piensas que falta un punto de racionalidad. Hoy, que no es ayer, han concluido las transferencias para Andalucía en materia de Justicia. Están en pleno funcionamiento las distintas Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Sevilla, Málaga y las de Granada que coinciden con la propia sede del Tribunal. Además, guste más o guste menos, en Sevilla se encuentran las sedes del Parlamento y del Gobierno andaluz. Es posible, también, que en tiempos no lejanos Andalucía pueda contar con su Tribunal Supremo, donde mueran todas las causas que afecten a asuntos directamente relacionados con la comunidad. Pues bien, en este caso no se sabe si el TS estaría en Sevilla, en Málaga o en Granada o en Granada quedaría el TSJ y en Sevilla, o en Málaga, el TS. En fin que tal vez, o sin tal vez, ahora que se avecinan tantos cambios -Ibarra ha llevado los palmeros a Las Palmas-, situar las sedes de los tribunales de justicia haciéndolos coincidir con las sedes del Parlamento y del Gobierno. Una residencia que, amén de no romper la división de poderes, puede hacer que se gane en eficacia y, sobre todo, en comunicación entre órganos legislativos, administrativos y judiciales.

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