¿Tiro de gracia al sector naval?

Una vez más, la "solución" que para los astilleros públicos presenta el Gobierno de la nación ante la crisis de IZAR parte de un criterio empresarial y se desarrolla con argumentos exclusivamente económicos. Resulta evidente -la historia reciente lo atestigua- que, desde esta perspectiva, toda propuesta de "salvamento" que anuncie la SEPI tendrá en los trabajadores a sus únicos damnificados.

Amén de que las premisas esgrimidas por los representantes de la empresa en su propuesta -basada en la segregación de los negocios civil y militar- son rotundamente refutables desde el propio aspecto económico, no se ha atendido a ningún otro, lo que indica que la estrechez mental de éstos de hoy se ha heredado de los de ayer, tal y como ésos la heredaron de sus predecesores.

La mentalidad "global" con la que se aborda este problema (y que se presenta ante la opinión pública como una macrovirtud) impide que detrás de esos números, de esas tácticas y estrategias económicas de aquí quito y aquí pongo, existe una realidad: la realidad de cientos de miles de personas para quienes los funestos resultados de esta partida de Risk será el único plato de garbanzos que pueda llevarse a la mesa. Me refiero también a ésos que no constan en ningún sitio por lo irregular de sus contratos o incluso la carencia de ellos, y también a los que indirectamente repercute la pérdida o "flexibilidad" -eufemismo indiscutible en este caso de "precariedad"- de los puestos de trabajo que están ahora a expensas de la macroestabilidad europea.

Los alcaldes en cuyos municipios se asientan históricamente los astilleros públicos españoles -ocho en total- conocemos desgraciadamente a la perfección estas repercusiones, pues las ciudades y pueblos donde radican se han desarrollado alrededor del sector industrial, y el naval concretamente; cuando este epicentro tiembla, las convulsiones y réplicas alcanzan a todos los niveles de la vida de estos municipios, sin que de estas tragedias humanas se apiade ninguna Comisión Europea.

La propuesta de la SEPI, sin embargo, me resulta más que familiar, pues ya resultan incontables las sucesivas "reconversiones" que, por sus crisis cíclicas, han sufrido los astilleros. Pero si atendemos a una de las acepciones de esta palabra "proceso técnico de modernización de industrias" (DRAE) lamento afirmar que jamás ningún Gobierno hizo nunca reconversión alguna en lo que fue Astilleros Españoles S.A. El de Felipe González se limitó a lapidar para siempre miles de puestos de trabajo, prejubilando a quienes en ese momento lo ocupaban, olvidando así el carácter público de esas plazas. El de Aznar redactó un Plan Industrial que no ha salido de la cajonera, y que, de haberse puesto en marcha, hubiera avanzado en la formación de los trabajadores y en la actualización de las factorías para las nuevas exigencias del mercado.

Ahora, el Gobierno del talante, que anuncia sus más reaccionarios ramalazos en plena canícula, con la plantilla -y la opinión pública- de vacaciones, resultó ser más europeo que la propia Europa, y lejos de negociar en Bruselas la viabilidad del sector naval público, atiende sumisamente al primer requerimiento de devolución de ayudas, cuando en todo el mundo no existe un barco en activo que no esté subsidiado de una u otra manera.

Duele comprobar que otros países, como Alemania, se ha negado a reducir el gasto público a pesar de las consideraciones de la Comisión Europea, argumentando que frenaría el desarrollo económico del país. Se conoce que no debemos tener mucha fuerza allí, o al menos la fuerza teutona, debido quizás a que es Alemania el país que más dinero aporta por habitante a la UE, y España el que menos. Parece que ese crematístico detalle, esos 214 euros por español, no otorgan derecho suficiente para toser en Bruselas, para defender un sector que no agoniza por concepto, sino por la falta de voluntad o la ignorancia de quienes deben decidir sobre su futuro.

No parece alumbrar la posibilidad de remediarlo nuestro Ejecutivo nacional, que ha cavado con su propuesta la tumba del sector naval español -de las factorías que cierra y de las que permanecen-. Una vez más, se hace imprescindible la movilización de todos los ciudadanos, organismos, instituciones y empresas. Incluso también la voz de aquéllos que se han mostrado alguna vez indignados por que las reclamaciones de los derechos de los trabajadores les impide llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, pues esa indignación ha sido el mejor caldo de cultivo para que el Gobierno vuelva a disparar impunemente su tiro de gracia contra los astilleros.

José Antonio Barroso Toledo (IU) es alcalde de Puerto Real y presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.