Medidas públicas y estrategias privadas

Las políticas de conciliación entre vida laboral y familiar nacen de la necesidad de armonizar el empleo con la vida personal en una sociedad en la que se está imponiendo la norma de la integración en el mercado de trabajo de todas las personas adultas potencialmente ocupables con independencia del género, tanto si tienen responsabilidades familiares como si no. Este nuevo planteamiento se basa en la oferta a las familias de servicios o programas que permitan a los progenitores compaginar su trabajo extradoméstico con las responsabilidades que derivan del cuidado de los niños u otras personas dependientes.

Las familias de todas las sociedades anteriores a la nuestra tuvieron que lidiar con el problema de la conciliación desde tiempos inmemoriales. Se trataba, no obstante, de un asunto que especialmente atañía a las mujeres, por cuanto éstas se encargaban en exclusiva de las tareas reproductivas y su posible actividad productiva tenía lugar sobre todo dentro o cerca del hogar. Así, pues, la novedad de estas políticas estriba en que su objeto ya no se considera tan sólo como una cuestión de las propias mujeres, que deba resolverse por medio de estrategias privadas, sino como un problema colectivo, que tiene que afrontarse a través de medidas públicas.

Una verdadera conciliación requiere una mayor participación de los varones

Las ventajas de las medidas de conciliación son muchas y variadas y no alcanzan tan sólo a las propias familias implicadas, sino que redundan en beneficio de toda la sociedad. En primer lugar, el bienestar que pueden experimentar padres y madres gracias a ellas, lo cual puede acrecentar su propia satisfacción personal, traer consigo una mayor equidad entre los sexos y mejorar la calidad de vida de los hijos, un efecto a largo plazo en la medida en que los niños de hoy serán los ciudadanos del mañana. Además de la dimensión moral de las políticas de conciliación, no se puede ignorar, sin embargo, su importante impacto económico al facilitar el crecimiento de la ocupación femenina. De una parte, favorecen la inserción laboral de aquellas madres con hijos menores, generalmente con bajas calificaciones educativas, para quienes el coste de los servicios de guardería en relación con su potencial salario les disuade de buscar empleo. Además, la puesta en marcha de servicios de apoyo a las familias supone un filón de ocupación que beneficia especialmente al colectivo femenino.

España es uno de los países de la OCDE que tiene un gasto social menor en servicios para las familias. En 1998 tan sólo gastó un 0,11% del PIB frente a 1,68% en Suecia. Por otra parte, también es muy bajo el gasto de España en servicios para las personas ancianas o discapacitadas, con un 0,29% del PIB frente a un 3,71% en Suecia. Con ser los servicios de guarderías y de atención domiciliaria para las personas mayores esenciales de cara a la conciliación, no agotan todas sus posibilidades. Una de las ventajas de las medidas de conciliación es que brindan una panoplia de opciones a los padres para que hagan de ellas el uso que estimen más conveniente. La idea es, pues, que la oferta se ajuste a la demanda, aunque en los países más avanzados algunos servicios a las familias se conceptúan como derechos universales de ciudadanía. Así, pues, estas nuevas políticas resultan más adaptadas a la pluralidad de modelos familiares propia de las sociedades actuales.

Es por ello por lo que, al lado de los servicios familiares, no debemos olvidar las licencias parentales, una medida mixta de política familiar y laboral consistentes en formas reguladas de interrupción de las prestaciones laborales habituales, asociadas a ciertos derechos de protección social, para atender al nacimiento y a la crianza de los hijos (u otras situaciones de carácter personal o familiar). Se trata de excedencias, retribuidas proporcionalmente al salario, de que pueden gozar los progenitores tras los permisos de maternidad, que les permiten dedicarse en casa y por un tiempo limitado al cuidado de sus hijos pequeños, sin desvincularse del mercado de trabajo y sin experimentar penalizaciones en sus carreras de cotización laboral. En los países más avanzados, los servicios para las familias y las licencias parentales forman parte de un sistema integrado de atención infantil, brindando a los padres distintas modalidades para que puedan escoger aquellas fórmulas que consideren más apropiadas para compaginar actividad laboral y obligaciones familiares.

Las políticas de conciliación han recibido algunas objeciones en el sentido de que, si bien son neutrales en términos de género, hacen pesar más el ajuste sobre las mujeres que sobre los hombres, puesto que son las madres trabajadoras quienes suelen utilizar muchos de estos servicios y permisos. Estos críticos señalan acertadamente que una verdadera conciliación requiere sin duda una mayor participación de los varones en el cuidado de las personas dependientes. Sin embargo, también es innegable que dicha necesaria aportación no se conseguirá únicamente con campañas basadas en exhortaciones morales, sino por medio de incentivos que favorezcan una mayor estimación social de las actividades de cuidados a las personas. Y una de las mejores formas de lograrlo es partir de la valoración pública que dimana del gasto social, ya que el debate que genera en foros colectivos redunda indudablemente en una creciente toma de conciencia al respecto por parte de los varones.

Lluís Flaquer es profesor titular de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Las políticas familiares en una perspectiva comparada (2000).