Siete años pleiteando por una multa

Siete años de pleitos, de trámites y de esfuerzo me ha costado que el Tribunal Constitucional anule una sanción de tráfico impuesta contra mí por el Ayuntamiento de Madrid.

Los hechos en síntesis son los siguientes: En el año 1997 el Ayuntamiento de Madrid me impone una multa por mal estacionamiento. Cuando recibo la denuncia, comunico el nombre, apellidos y dirección de la persona que ese día conducía mi vehículo.

A continuación el Ayuntamiento incoa un expediente contra mí por no identificar correctamente al conductor, al no haber facilitado su número de carné de conducir, convirtiéndose la inicial sanción pecuniaria de 5.000 pesetas en 50.000 pesetas.

Una vez agotada la vía administrativa en la que, como de costumbre, no me hacen ni caso, acudo a la vía jurisdiccional y me rebajan la sanción a 20.000 pesetas. Contra esta sentencia, interpongo en diciembre de 2000 recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por fin, el 12 de julio de 2004, el Tribunal Constitucional dicta sentencia en la que me otorga el amparo por entender que se ha vulnerado mi derecho a la legalidad sancionadora y anula la sanción impuesta contra mí por el Ayuntamiento de Madrid.

El Tribunal Constitucional entiende que había facilitado los datos necesarios para identificar al conductor y que mi conducta, al no facilitar el número del carné de conducir de la persona que ese día conducía mi vehículo, no está contemplada en la normativa sancionadora.

Muchos ciudadanos, que carecen de los conocimientos jurídicos que yo poseo por mi condición de abogada, deben soportar la arbitrariedad constante en la que incurre el Ayuntamiento al imponer sus sanciones.

Mi experiencia demuestra que el afán recaudatorio del Ayuntamiento de Madrid vulnera en muchos casos los derechos de los administrados a obtener una resolución ajustada a Derecho.