El Gobierno aprobará por decreto-ley las indemnizaciones para los militares

Los militares españoles tienen muchas cosas que agradecer a sus 62 compañeros muertos en el accidente del Yak-42. Quizás la menos importante sea que, a partir de ahora, tengan menos de preocupación por la suerte de sus familias si les ocurriera algún percance cuando son enviados a una misión en el extranjero. El Gobierno se propone aprobar en octubre un real-decreto que regulará el pago de indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad o lesión en este tipo de operaciones.

Aunque esta medida es consecuencia del escándalo provocado por el accidente de Trabzon (Turquía), y de la necesidad de compensar de alguna forma a las familias por el daño sufrido, tendrá carácter retroactivo y también servirá para el futuro. Los beneficiarios de estas indemnizaciones serán los descendientes de los 102 militares españoles muertos desde que, en 1989, el Ejército español inauguró en Angola su participación en operaciones de la ONU, así como todos lo que hayan sufrido lesiones permanentes en el desempeño de misiones en el exterior. También las percibirán, si por desgracia hubiera motivo para ello, los más de mil soldados españoles que se están desplegando en Afganistán y cuantos lo hagan en el futuro en cualquier lugar del mundo.

El importe de estas indemnizaciones será equivalente a las reguladas para las víctimas del terrorismo: unos 138.000 euros (unos 22 millones de pesetas) en caso de fallecimiento y 390.000 para casos de gran invalidez.

Precisamente, esta indemnización será compatible con cualquier otra percepción pública, salvo el cobro de una indemnización como víctima del terrorismo. Se trata, según las fuentes consultadas, de evitar que se cobre dos veces por el mismo concepto, ya que el anterior Gobierno del PP reconoció dicha condición a algunos de los militares muertos el año pasado en Irak, aunque para ello tuviera que forzar la interpretación de los hechos, en un país en el que no resultaba fácil diferenciar entre bandidos, guerrilleros y terroristas.

El decreto reconocerá a las parejas de hecho de los militares muertos como legítimas perceptoras de esta indemnización, lo que supone un primer paso mientras se regula su derecho a las pensiones de viudedad, prometidas por el PSOE.

Dado el carácter general de la norma, la intención inicial era tramitarla como proyecto de ley, pero el Gobierno ha decidido finalmente aprobar un decreto-ley, convalidado posteriormente por el Congreso, para agilizar el pago de las indemnizacíones a las víctimas.