El fiscal afirma que Pallerols pactó con dirigentes de Unió el cobro de subvenciones
El fiscal Anticorrupción Fernando Rodríguez Rey considera que el empresario Fidel Pallerols pactó durante años con dirigentes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) el importe de las subvenciones que le otorgó la Generalitat para realizar cursos de formación para parados y que el 10% de esa cuantía se desvió para financiar al partido democristiano. Esta tesis de la fiscalía se recoge en un escrito presentado al juzgado de Barcelona que instruye el llamado caso Pallerols y en el que se solicita que se inhiba en favor del Tribunal Supremo, al considerar que existen "indicios racionales incuestionables" para imputar a los diputados de UDC en el Congreso por Barcelona y Lleida, Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, respectivamente.
Tras más de cinco años de instrucción de la causa, el escrito del fiscal relata con detalle la manera en la que se concretó la supuesta financiación irregular de Unió a través de los fondos públicos procedentes del Departamento de Trabajo de la Generalitat. La Administración autonómica ejerce la acusación en el caso y hace unas semanas entregó un informe al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona en el que cuantifica en 8.856.000 euros (1.473 millones de pesetas) las subvenciones recibidas por las academias de Pallerols entre los años 1994 y 1999.
"Por muy diversos medios"
El fiscal asegura que la financiación de Unió se materializó "por muy diversos medios" y relata, entre otros, la entrega de cantidades de dinero en efectivo a dirigentes y militantes del partido que encabeza Josep Antoni Duran Lleida; la compra de material informático y de oficina para los locales de UDC; el abono de las facturas de los teléfonos móviles y el pago de las nóminas de diversas personas que trabajaban para el partido, aunque estaban dadas de alta en la Seguridad Social en las academias de Pallerols.
La fiscalía considera que el pacto con los dirigentes de Unió sobre las cantidades que debía recibir el empresario andorrano "se transmitía" después a los responsables del Departamento de Trabajo de la Generalitat, también militantes del partido, "a fin de que las subvenciones concedidas se ajustaran a lo convenido y se procediera a la gestión y concesión de las mismas". Del mismo modo, el escrito de la acusación pública relata que "anualmente, y en base a una detallada contabilidad" que llevaba Pallerols, "éste rendía cuentas y liquidaba las aportaciones realizadas" a Unió tras reunirse con el secretario de organización del partido. Este cargo lo ocupó entre noviembre de 1998 y abril de 2001 el ahora diputado en el Congreso Josep Sánchez Llibre.
Fuentes de Unió aseguraron anoche que el escrito del fiscal "no aporta ninguna novedad" y que esperaban una rápida resolución judicial para "aclarar la inocencia de los dirigentes y militantes" del partido.
