La comisión de los Bermejales comienza a puerta cerrada con la protesta de PP y PA

La comisión abierta en el Ayuntamiento de Sevilla para investigar el desalojo, a cambio de 42.000 euros, de 43 familias del asentamiento chabolista de Los Bermejales escuchó ayer las explicaciones de los cuatro primeros comparecientes. La sesión se celebró a puerta cerrada y, según las interpretaciones que ofrecieron después el gobierno y la oposición, fue un tira y afloja en el que el PSOE intentó evidenciar los parecidos entre esta operación y otras llevadas a cabo en mandatos anteriores, mientras que PA y PP, los dos grupos de la oposición, pretendieron demostrar la "dejación de responsabilidades" de los dirigentes socialistas.

Los cuatro primeros comparecientes de la comisión que investiga el desalojo del asentamiento chabolista de Los Bermejales fueron los ediles socialistas que están a cargo de las áreas implicadas en la operación llevada a cabo el pasado 28 de julio: el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo; el de Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo; y el de Gobernación, Francisco Fernández. Además, la comisión interrogó también a la edil de Innovación, Aurora Atoche, quien ocupó la concejalía de Bienestar Social hasta el pasado mes de mayo.

Al final de la jornada, el gobierno y la oposición llegaron a conclusiones opuestas, aunque todos echaron mano del adjetivo "transparente". Los socialistas para elogiar la actitud de los comparecientes y la oposición para denunciar la principal carencia que, a su juicio, tiene el actual gobierno de PSOE e IU. El PA y el PP entraron ya a la sesión con los ánimos caldeados después de que un informe del secretario municipal avalara la decisión del gobierno de celebrar la comisión a puerta cerrada.

La comparecencia que más interés despertó fue la del concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo, quien se sometió durante cuatro horas a más de 150 preguntas de la oposición y alrededor de una treintena de sus compañeros de gobierno. En su comparecencia, Carrillo hizo recuento de cómo se había gestado la operación. La decisión se adoptó en una reunión mantenida el 28 de junio entre el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y varios concejales socialistas. Hubo discrepancias, pero el acuerdo final fue unánime. Tras la reunión, Carrillo dejó en manos del gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, cuya comparecencia está prevista para hoy, la puesta en marcha del operativo para que la empresa constructora Inmoavance entregara el dinero a los chabolistas a cambio de que estos abandonaran el asentamiento.

Carrillo también desveló que en esa reunión con el alcalde no había ningún miembro de IU, socio del PSOE en el gobierno, porque sólo asistieron dirigentes que tuvieran "alguna tecla que tocar" en el desalojo de los chabolistas. Según el edil, la intención era que la operación se realizara con la máxima discreción posible, pero, para la oposición, el hecho de que los socialistas no informaran a IU supone "falta de lealtad" y "una humillación a los socios cómo nunca se ha visto", a juicio de la portavoz del PA, Paola Vivancos.

"La oposición sólo pretende romper el pacto de gobierno", lamentó luego el socialista Alfonso Rodríguez, para quien el acuerdo "pasa por una fase de buena salud". El grupo municipal de IU emitió ayer un comunicado en el que advierten que la actitud de sus socios les ha sorprendido "desagradablemente".

Mientras los dos grupos de la oposición incidieron en la responsabilidad del PSOE, "con el alcalde a la cabeza", el portavoz socialista extrajo de la sesión de ayer otra conclusión. "Lo que ocurrió el 28 de julio comenzó en mayo de 2002", apuntó Rodríguez en referencia a que fue entonces, cuando el PA estaba a cargo de Urbanismo, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Inmoavance la construcción de viviendas en el solar ocupado por chabolas.