El Gobierno diseña un plan de emergencia ante el paro de las grúas en pleno retorno

El Gobierno prepara un plan de emergencia para paliar el impacto del paro de las grúas, que anoche afectaba ya a 11 comunidades autónomas, además de cuatro provincias andaluzas, durante la Operación Retorno de agosto. La Dirección General de Tráfico anunció que "intentará garantizar" que todos los vehículos accidentados o averiados sean apartados de las vías y que tiene el compromiso de los gruistas de retirar los coches que supongan un peligro. Si la crisis se agrava, se movilizarán las grúas municipales, de bomberos y diputaciones, como ya están haciendo algunos ayuntamientos.

La huelga de grúas se ha extendido desde el País Vasco a Asturias, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja, y a Sevilla y Cádiz. Extremadura, Navarra, Galicia, Córdoba y Jaén se sumaron anoche. Cantabria acordó no secundar el paro. La protesta se cierne sobre la Operación Retorno de agosto, que tendrá su prólogo el próximo fin de semana y será especialmente intensa el 30 y el 31. Tráfico prevé seis millones de desplazamientos esos dos últimos días.

La situación puede tornarse crítica si se cumplen las previsiones de la Asociación Nacional del Empresas de Auxilio en Carretera de que cada día podrían quedar varados "entre 100.000 y 200.000 vehículos", cifra que las aseguradoras rebajan a 10.000 en total en el "escenario más pesimista". El parque automovilístico de turismos, camiones, furgonetas y autobuses es de 22.933.223 unidades.

Pere Navarro, director general de Tráfico, ha intentado mediar entre gruistas y aseguradoras, pero éstas no creen importante el arbitrio al entender que se trata de un asunto "mercantil". Pero los gruistas quieren que Tráfico se implique, ya que pretenden que sus arrastres se consideren vehículos de salvamento, con lo que la Administración sí podría fijar tarifas.

Exigir la retirada

El caso es que dicho asunto mercantil, como también lo denomina la DGT, afecta a la seguridad de la circulación. Tráfico divulgó ayer un comunicado en el que asegura que tiene el compromiso de los empresarios de las grúas de que retirarán a los arcenes los coches que queden detenidos en las calzadas. Y advierte de que, si fuera necesario, "la autoridad pública" podrá "exigir la retirada de un vehículo" que estorbe a la circulación. La negativa puede ser considerada desacato (castigada con 300 euros) y omisión del deber de socorro.

La DGT explica que "intentará garantizar" que todos los vehículos sean apartados. "El principio fundamental consiste en mantener la vía expedita", según el Ministerio del Interior. Por ello ha elaborado un protocolo de actuación para los 8.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a fin de que extremen la vigilancia y señalicen los puntos que puedan suponer un riesgo para la seguridad.

Para el caso de que la huelga se prolongue, el Gobierno ha constituido un equipo de trabajo interministerial, coordinado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para afrontar una Operación Retorno sin grúas. El equipo de trabajo comprende los ministerios de Interior, para abordar la situación del tráfico; Fomento, para el análisis de las carreteras; Administraciones Públicas, para coordinar las autonomías, y Economía, para las aseguradoras. El Gobierno acordó anoche que la Dirección General de Seguros se reúna hoy a las 10.00 con las principales aseguradoras para tratar de salvaguardar los derechos de los usuarios asegurados e intentar que se cumplan los contratos suscritos.

Inventario de recursos

El Gobierno hizo ayer inventario de los recursos de las Administraciones que podrían movilizarse ante un agravamiento del conflicto. Ya se ha hecho recuento de las grúas municipales, de los servicios de bomberos, de las diputaciones y, para casos extremos, "de las empresas de transportes de viajeros o mercancías". Varios ayuntamientos ya han decidido movilizar sus medios para retirar los coches varados en sus términos municipales.

La Generalitat de Cataluña se ha comprometido a retirar los coches que supongan un estorbo con los medios de los Mossos d'Esquadra y los bomberos. Los mossos señalizaron con conos ayer nueve coches y trasladaron 36 a áreas de descanso, gasolineras o depósitos, según informó anoche la policía catalana. En la ciudad de Barcelona la Guardia Urbana en coordinación con las grúas municipales, las de los bomberos y las de Transportes Metropolitanos llevarán los vehículos tirados a un depósito municipal, informa Ana Pantaleoni. El alcalde accidental de Barcelona, Jordi Portabella, afirmó que "el Ayuntamiento no pretende ni puede suplir un servicio privado de asistencia". El teniente de alcalde Castellón, Javier Moliner, anunció que las grúas municipales atenderán las llamadas de los conductores y transportarán el coche al depósito municipal, al domicilio del dueño o a un taller, según elija el ciudadano. Según Moliner, los conductores deberán pagar la tarifa municipal y con la factura podrán reclamar a las aseguradoras.