Los puntos oscuros de Los Bermejales
La investigación intenta desvelar las responsabilidades en el desalojo de chabolistas a cambio de dinero
La comisión que investiga el desalojo de 43 familias a cambio de 42.000 euros en el asentamiento chabolista de Los Bermejales presentó el lunes la lista de comparecientes, entre los que no se encuentra el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), para esclarecer lo sucedido el 27 de julio. Estos son los puntos más oscuros del tema.
¿Cuál es la documentación que han recibido los miembros de la comisión?
El informe que ha recibido la comisión comienza en 2001. En ese momento, el Ayuntamiento está gobernado por una coalición entre el PSOE y el PA. La documentación contiene todos los contratos del desalojo y realojo del asentamiento.
¿Cuáles fueron los pasos jurídicos que se dieron?
La Gerencia de Urbanismo en 2002, entonces controlada por el PA, propone abonar a la junta de compensación los gastos de urbanización relativos al traslado y realojo del asentamiento chabolista.
En marzo de 2003, la junta de compensación adjudica estos trabajos a la empresa Inmoavance, SL, que señala que en Los Bermejales hay 54 familias y propone que el importe del contrato sea 60.412,93 euros por familia. Este contrato está firmado por Javier Sánchez Palencia (PA), que actúa como gerente de Urbanismo. Por este precio, Inmoavance es la encargada de localizar viviendas dignas para el desalojo y realojo de las familias y también de llevar a cabo la demolición y limpieza del asentamiento y su "final puesta a disposición de la junta de compensación de los terrenos, libres de enseres y moradores". El plazo de ejecución es de seis meses aunque con derecho a prórroga.
El 22 de julio de 2004, el representante de la junta de compensación y el actual gerente de la Gerencia Urbanismo, Manuel Jesús Marchena (PSOE), se reúnen con los representantes de Inmoavance, que ha ejecutado el contrato en un 37,93%, para modificar lo acordado. En el anexo al contrato se expone que "el presupuesto por familia (60.412,93 euros), comprensivo de todos los gastos de desalojo, realojo, demolición de chabolas y el beneficio empresarial limita enormemente la localización de viviendas".
También se hace referencia a un informe remitido por la Delegación de Bienestar Social sobre una reunión mantenida el 24 de junio que pone de manifiesto "que varias familias se han mostrado predispuestas a buscar por su cuenta soluciones alternativas que pasan por el desalojo del asentamiento". La solución que se toma es dar 42.000 euros (se disminuye la cantidad anterior de 60.412,93 euros) a cada familia y que ésta se comprometa a adquirir una vivienda fuera del Polígono Sur.
Quién tomó la decisión?
La última modificación del contrato, en la que se resuelve dar el dinero a las familias, lleva la firma del actual gerente de urbanismo, Manuel Marchena. Se desconoce quién tuvo la idea.
¿Lo sabía el alcalde?
El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, no ha comparecido públicamente. Sí lo ha hecho el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, quien ha señalado que tanto el alcalde como la Consejería de Bienestar Social estaban al tanto. Un informe de Bienestar Social señala que los chabolistas están de acuerdo en que se les dé dinero. No hay constancia de que Urbanismo informe a priori o a posteriori de la medida adoptada.
¿Se puede desalojar sin consultar al consejo de gobierno?
El gerente de Urbanismo firmó el contrato sin que el consejo de gobierno de Urbanismo manifestase su opinión. Los servicios jurídicos deben aclarar si es legal.
¿Quiénes entregaron el dinero a los chabolistas?
El dinero lo adelantó Inmoavance. No hay ningún informe que explique que pasó ese día, cuántos agentes intervinieron ni los miembros de urbanismo que acudieron al asentamiento.
¿Cómo se va a solucionar el problema de los realojados en el Polígono Sur?
Una vez que se esclarezcan todas las dudas, la comisión de investigación debe servir, según el PSOE e IU (socios de gobierno tras las últimas elecciones municipales), para evitar que ocurra lo mismo en el futuro. También confían en encontrar una solución para que las familias de Los Bermejales que se han instalado en el Polígono Sur abandonen esa zona marginal de la capital andaluza.
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