La Universidad de Alicante eleva a 233.000 los 'sin papeles' instalados en el territorio valenciano

La propuesta socialista de regularizar a los extranjeros indocumentados que demuestren una relación laboral ha sido aplaudida aunque con cierto recelo por las organizaciones que trabajan con inmigrantes ante el riesgo de que "sean extorsionados con falsas promesas de trabajo". Según los últimos cálculos, la colonia de sin papeles instalados en el territorio valenciano asciende a 233.000 personas. Este cálculo, realizado por el Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante, eleva en un 55% la última cifra [150.000] manejada por las ONG y admitida por el Gobierno.

El intento de suicidio, a principios de agosto, de una joven rumana que ingirió lejía permitió la desarticulación de una banda de explotación sexual que operaba en Alicante y Valencia. La organización captó a sus víctimas con falsas promesas de trabajo. Una vez aquí, las chicas fueron extorsionadas y brutalmente agredidas para que ejercieran la prostitución. El pasado martes, un empresario y 10 de sus trabajadores, entre ellos el encargado de la mercantil, el jefe de obra y ocho operarios, fueron arrestados por explotar a decenas de inmigrantes indocumentados en condiciones de semiesclavitud. El empresario obligaba a los sin papeles a trabajar de sol a sol y les pagaba tres euros la hora. Éstas son las últimas operaciones policiales contra la explotación y el tráfico ilegal de inmigrantes de las numerosas que se efectúan, esencialmente en Alicante, una de las provincias con mayor economía clandestina de España.

Las peculiares características de la economía valenciana, basada en la temporalidad y en la demanda de mano de obra intensiva, favorecen el incensante crecimiento de la clandestinidad laboral. Según estimaciones del Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante, dirigido por el profesor de Sociología Carlos Gómez Gil, elevan a 233.000 los sin papeles de la Comunidad Valenciana. La cifra es ostensiblemente superior a la manejada hasta ahora [150.000] por sindicatos, ONG, e incluso la admitida a principios de junio por el propio delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé.

Un estudio anterior de Gómez Gil detallaba que el servicio doméstico, el calzado, la confección, la hostelería y la construcción acaparan las mayores bolsas de empleo sumergido. La economía clandestina se nutre en gran medida de trabajadores procedentes del norte de África, Suramérica y los países de la antigua Europa del Éste. Las redes ilegales cuentan habitualmente con la colaboración de empresarios locales y compatriotas de los propios inmigrantes, quienes actúan de enlace y estafan aprovechando su condición de irregularidad e, indefectiblemente, su situación marginal.

Aunque la propuesta socialista de legalizar a los extranjeros que demuestren una relación laboral es "muy positiva" toda vez que da respuesta a miles de inmigrantes que son explotados en régimen de semiesclavitud, los sindicatos y organizaciones humanitarias se muestran cautos. El secretario de Política Social y Empleo de CC OO en L'Alacantí y Les Marines, Pepo Ruiz, aplaudió ayer la iniciativa, si bien, lo esencial es, a su entender, "dar forma a la iniciativa y articular un procedimiento lógico capaz de asumir las nuevas peticiones".

En su opinión, el PSOE ha dado un paso "importante" al reconocer el volumen de extranjeros empleados de forma clandestina,una situación que propicia un grave perjuicio no sólo a los propios trabajadores que les empuja a la precariedad laboral, sino al propio sistema público de la Seguridad Social. El sociólogo Gómez Gil apreció que esta fórmula "actuará de una manera muy efectiva sobre la llamada economía sumergida". No obstante, advirtió ayer, en declaraciones a Efe, que la propuesta socialista puede llevar a la proliferación de redes que "venden ofertas de trabajo falsas y supuestos asesoramientos ilegales". Por ello, portavoces de diferentes entidades humanitarias reclamaron al PSOE una mayor información a propósito de la medida. Estos colectivos se cuestionaron cómo los empresarios pueden acreditar la relación laboral con sus trabajadores indocumentados, en tanto que, en su condición de irregular, carecen de cualquier tipo de certificación.

Gómez Gil expresó su "preocupación" ante el peligro de que los extranjeros irregulares, ante la falta de información, trasladen a familiares y amigos de sus países de origen la noticia de la regularización que empujen a muchos a "vender sus posesiones" para venir a España. "Una vez aquí, su situación puede empeorar". Agregó, además, la necesidad de que se trate de un proceso transparente y práctico para evitar la angustia a los extranjeros cuya "dramática situación les conduce a agarrarse a cualquier cosa". Es precisamente aquí, insiste, cuando entran en escena los desaprensivos.

En cualquier caso, Gómez Gil concluyó que "hablar por primera vez de políticas efectivas de integración y de normalización es bueno"