Hágase la luz

La Comisión Nacional de la Energía ha abierto una investigación sobre el mercado de la electricidad en España tras las denuncias de manipulación de precios por algunas de las principales empresas del sector. El momento puede ser oportuno. Desde el 1 de enero de 2003, todos los usuarios pueden elegir compañía de gas o de electricidad en un mercado teóricamente abierto y en competencia. Pero la realidad es que la mayoría de los 14 millones de abonados siguen acogidos a la tarifa regulada que cada año fija el Gobierno. Algo no funciona cuando la gran operación de apertura a la competencia no acaba de llegar a la base fundamental del negocio: los clientes.

En este contexto, las denuncias cruzadas entre las grandes compañías, que se acusan de manipular los precios en el mercado mayorista (donde se casa oferta y demanda) no hacen sino corroborar que el sistema puesto en marcha en 1997, con la nueva Ley del Sector Eléctrico, necesita ser revisado. Las eléctricas pactaron entonces la apertura de un mercado que era un coto cerrado. A cambio, cobrarían más de un billón de las antiguas pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). Las reticencias de Bruselas a que dicha cantidad engrosara de golpe las cuentas de las compañías obligó al Gobierno del PP a negociar otras fórmulas de cobro, a través de la tarifa eléctrica, y siempre que los precios se mantuvieran por debajo de los 0,36 céntimos de euro el kilovatio.

Y es aquí donde ha saltado la polémica. Iberdrola y Gas Natural han acusado a Endesa de ofertar precios bajos en el mercado mayorista para cobrar las ayudas pactadas. Y ello en un momento de carestía de los combustibles que utilizan las centrales eléctricas. La presunta manipulación no afecta directamente a la tarifa regulada, la que pagan los usuarios, pero, de ser cierta, distorsiona el funcionamiento del sistema. A su vez, Endesa ha acusado a Iberdrola de maniobrar con los precios de las centrales hidroeléctricas, que funcionan con una materia prima de coste cero, el agua.

Las denuncias tienen que ser comprobadas, y las anomalías, sancionadas. No sería la primera vez: hace unas semanas, el Tribunal de Defensa de la Competencia sancionó a Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola por haberse puesto de acuerdo, durante tres días del mes de noviembre del año 2001, para fijar los precios de la luz. Si el sistema de fijación de precios no ha cambiado desde entonces y además hay denuncias de por medio, habrá que modificar un sistema que permite la picaresca.