ERC denuncia el proyecto de construcción de 4.870 viviendas en Tarragona
Un hermano del concejal de Urbanismo participa en la promotora de 4.872 viviendas
El grupo municipal de Esquerra Republicana (ERC) de Tarragona ha pedido al Departamento de Gobernación que se pronuncie sobre la supuesta ilegalidad de la mayor reforma urbanística de la historia de la ciudad: la construcción en Terres Cavades de 4.872 vivendas. Juan Férnandez, hermano de Àngel Férnández (CiU), concejal de Urbanismo de Tarragona, posee terrenos y participa en la empresa que construirá los edificios. Xavier Almagro, edil de ERC, aseguró ayer que Àngel Fernàndez ha vulnerado la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña al votar favorablemente desde el año 2002 hasta junio pasado los diferentes trámites de un proyecto urbanístico en el que su hermano tiene intereses económicos.
En cualquier caso, si estos procesos administrativos no terminan como espera ERC, los republicanos recurrirán a la justicia para parar el proceso.
La ley catalana de régimen local, la estatal y el propio reglamento municipal de Tarragona establecen la incompatibilidad para que un concejal pueda ejercer su voto en determinadas ocasiones. En concreto, el reglamento municipal prohíbe votar a un edil en temas en los que esté involucrada una persona con la que tenga una relación de consanguinidad de hasta cuarto grado o una afinidad de hasta segundo grado. Es decir, no pueden votar en casos que involucren a abuelos padres, hijos, hermanos, nietos, primos hermanos y primos segundos. Sobre la afinidad, no pueden votar en cuestiones que afecten al cónyuge o los cuñados.
ERC exigió ayer al alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), que invalide los votos de Fernández y, por tanto, que se repita el proceso de urbanización de Terres Cavades.
El Ayuntamiento de Tarragona está formado por 14 concejales (de CiU y el PP), sólo uno más que la oposición, integrada por el PCS, ERC e ICV. Sin la participación de Fernández, todo el proyecto de Terres Cavades quedaría automáticamente invalidado. Este diario lamó tres veces ayer al móvil de Àngel Fernández y otras tantas la llamada se quedó sin contestación al ser cortada por el receptor.
El PSC exige la dimisión del concejal porque considera "poco ética" su actuación, aunque por ahora no se sumará a la estrategia republicana. La concejal socialista María José Elices se mostraba ayer convencida de que prosperará la iniciativa de Almagro, algo que favorecería los intereses del PSC, que ha reclamado durante todo el proceso la elaboración de un estudio de impacto ambiental.
Juan Fernández compró en 1995 unos terrenos en Terres Cavades meses después de aprobarse la recalificación de la zona, que pasó de rústica a urbanizable. Ángel Fernández ya era entonces concejal de Urbanismo. Al margen de esta circunstancia, Juan Fernández tiene el 9,8% de las acciones de la empresa Promocions Terres Cavades, sociedad que construirá las viviendas si el proceso no se altera.
El proyecto de Terres Cavades se aprobó el pasado mes de junio, tres meses antes de la fecha señalada para que el consistorio aborde uno de los asuntos clave del mandato: la reforma del Plan General de Ordenación Urbana.
ERC pretende que se repita todo el proceso, aunque aplicando la reformada ley catalana que regula la política urbanística, ya que cuando comenzó el proceso esta ley aún no era vigente. Según Almagro, de esta forma sería más difícil que prosperase un proyecto al que también se oponen parte de los propietarios y organizaciones ecologistas debido a la elevada concentración de edificios que prevé.
De momento, la Comisión de Urbanismo de Tarragona -dependiente de la Generalitat-, que debe dar su visto bueno al proyecto, aún no se ha pronunciado. Sobre la mesa del director de los servicios territoriales también está la misma petición de ERC de Tarragona: que invalide el proceso de Terres Cavades.
El Departamento de Gobernación no tiene competencias para invalidar el proceso, aunque sí puede emitir una "advertencia de ilegalidad" al Ayunyamiento de Tarragona, que entonces debería rectificar el proceso. "Hay precedentes de casos parecidos en Reus y en Torredembarra, donde los ayuntamientos pararon los expedientes", señala Almagro.
