La oposición exige al alcalde sevillano una investigación sobre los desalojos

El Partido Popular (PP) y el Partido Andalucista (PA) solicitaron ayer al alcalde de Sevilla que abra una comisión de investigación para esclarecer los desalojos de 43 familias chabolistas en la barriada de Los Bermejales a cambio de dinero. Los dos portavoces municipales, Jaime Raynaud (PP) y Paola Vivancos (PA), solicitaron a Alfredo Sánchez Monteseirín que inicie motu proprio una investigación o, en caso contrario, lo harán ellos a través de un pleno extraordinario en el plazo de dos o tres días.

Los representantes de los dos grupos de la oposición sevillana comparecieron juntos ante los medios de comunicación por primera vez desde el inicio de la legislatura. Raynaud lo justificó afirmando que "éste es el mayor escándalo del Ayuntamiento de Sevilla desde la llegada de la democracia". Al parecer, la empresa encargada de reurbanizar la parcela en la que estaban establecidos los chabolistas, en vez de llevar a cabo el realojo de las 43 familias, les entregó 42.000 euros en efectivo. "Fue un espectáculo ver a esas familias gitanas (...) con bolsas de plástico con billetes de 500 euros", comentó Vivancos: "Es fascismo puro y duro".

Los dos portavoces de la oposición volvieron a pedir al alcalde que "de la cara" y "ponga su cargo a disposición de todos los ciudadanos". La portavoz del PA incluso llegó a afirmar que es posible que existan responsabilidades penales por parte del Consistorio: puede haber un "delito de malversación de fondos públicos".

En opinión de Vivancos, lo que quería el Ayuntamiento era que los chabolistas "se fueran de Sevilla, pero [estas familias] llevan 20 años" en la capital. Según han denunciado varias asociaciones de vecinos y organizaciones humanitarias, los chabolistas se han trasladado a la barriada deprimida de Las Tres Mil Viviendas. Allí, con el dinero que les entregaron, han comprado pisos.

La Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias (Amuradi) y la Federación de Mujeres Gitanas de Andalucía (Fakali) difundieron ayer un comunicado conjunto en el que volvían a expresar "su absoluto rechazo al fondo y la forma en que se ha procedido". Para estas dos asociaciones, la medida ha sido "un insulto a la dignidad de los habitantes del asentamiento" y ha supuesto "una dejación" de las funciones por parte del Ayuntamiento: "La política de talonario no garantiza su derecho a una vivienda digna, ni su inserción en la sociedad en condiciones de igualdad".