Examen a los despachos de abogados

El mercado legal anda revuelto. Un auto del Tribunal Supremo que reconoce la relación laboral entre una abogada y el despacho del cual fue despedida pone en cuestión la política de recursos humanos de algunos grandes despachos nacionales. Con la excepción de Garrigues y de los ligados a auditoras, éstos suelen mantener una relación mercantil con sus profesionales.

Sólo en Seguridad Social, un despacho que ofrece contrato laboral paga entre 3.000 y 10.000 euros por abogado y año

Por tradición, muchos abogados no ejercen su actividad sujetos a un contrato laboral. Incluso cuando trabajan en exclusiva para un gran despacho, están sujetos a un jefe y a un horario; les proporcionan despacho, ordenador y hasta personal de apoyo; tienen derecho a vacaciones pagadas y pagas extra y hasta les pagan el gimnasio, mantienen una relación mercantil con la empresa para la cual trabajan. Es lo que ocurre en Cuatrecasas (más de 600 abogados) y Uría & Menéndez (más de 300), por poner sólo los ejemplos más relevantes. Y en Linklaters.

Este último despacho es el origen de la polémica. Una de sus abogadas reclamó una indemnización por despido cuando el despacho, que llegó a España en el año 2000 donde hoy tiene 55 profesionales, decidió prescindir de sus servicios. Ganó. Y ahora el Tribunal Supremo ha confirmado su victoria. El auto impone además las costas al despacho, según el texto proporcionado por la base de datos jurídica de Quantor.

La diferencia entre un contrato laboral y otro mercantil o de prestación de servicios es significativa. Tanto para el trabajador como para la empresa. En los despachos que optan por los primeros, los costes laborales se disparan. Deben hacer frente al pago de la Seguridad Social, contingencias comunes (paro, pensión), accidentes laborales y formación.

En esta situación están los bufetes ligados a las auditoras -Landwell, Deloitte, Ernst & Young y KPMG- y Garrigues. Esta firma, la mayor de España por facturación y abogados (1.258), ha vivido los dos modelos: hasta su integración en Andersen, en 1996, sus profesionales firmaban contratos de servicios que se transformaron en laborales.

Sólo en cuotas de la Seguridad Social, estos despachos pagan entre 3.000 y 10.000 euros anuales por abogado, según su nivel de ingresos; es decir, que Cuatrecasas se ahorra un mínimo de 1,8 millones de euros al año y Uría, 900.000 euros, sólo por ese concepto, pues son sus abogados quienes corren con el gasto. Ambos despachos no han opinado sobre la sentencia.

Sin derecho a paro

El profesional autónomo suele pagar menos Seguridad Social y se ahorra los otros gastos asociados a una nómina. Por contra no tiene subsidio de paro, ni cobra antigüedad, ni otros beneficios típicos de la relación laboral. Pueden elegir entre cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o hacerlo a través del colegio de abogados, que no les proporciona subsidio de paro pero sí pensión y seguro médico. La ventaja es que están sujetos a una retención fija del IRPF del 15%, cuando en el caso de los asalariados ésta puede llegar al 45%. Y además saben cómo desgravarse hasta el último céntimo.

Esta situación, que en muchas ocasiones se ajusta a la realidad del ejercicio independiente de la abogacía, choca de frente con la práctica de algunos grandes despachos, que funcionan como una empresa y no como un grupo de abogados asociados. Para Siro Arias, de Landwell, "en el fondo no hay diferencia" en las condiciones de trabajo de los dos tipos de firmas.

La pregunta ahora es si el auto puede modificar la política de recursos humanos de los despachos similares a Linklaters. Para Mario Peña, abogado laboralista de Ernst & Young, las consecuencias van a ser pequeñas. En primer lugar porque no crea jurisprudencia. Pero también porque muchos abogados prefieren la relación mercantil. Esto no quiere decir que no se produzcan más demandas en este sentido, reconoce este experto, quien de hecho conoce varios casos parecidos. Otro abogado, que prefiere no aparecer con su nombre asegura que el problema son los abogados que "quieren lo mejor de los dos mundos": ejercer como autónomos y tener la protección de los asalariados.

Las cosas se ven distintas en las firmas a las que da la razón el Supremo. El portavoz de Landwell, la firma de PricewaterhouseCoopers, cree que el auto fija unas reglas del juego y que favorece la competencia "justa".

Lo cierto es que la sentencia ha creado cierta confusión y que algunos despachos no saben a qué atenerse. Para el Consejo General de la Abogacía, la solución la debe dar una futura Ley de Servicios Profesionales. Esta debería fijar un régimen especial para estos profesionales como el que ya tienen futbolistas y toreros y que está a medio camino entre el mundo asalariado y el de los autónomos.