Un instrumento novedoso

A finales de 2002, la publicación de la denominada Ley Financiera, y en febrero de este año el real decreto sobre cuotas participativas, establecieron el marco regulatorio definitivo de las cuotas participativas. Un instrumento ya contemplado en la legislación financiera española desde 1988, pero sobre el que existían numerosas lagunas relativas a su emisión y cómputo como recursos propios, lo que había provocado que ninguna caja de ahorros se hubiese decidido a utilizarlas.

En el desarrollo de su actividad, las entidades financieras deben disponer de recursos propios que respalden los riesgos en los que incurren como consecuencia de las inversiones o los préstamos que conceden, lo que condiciona sus niveles de solvencia. Mientras los bancos disponen de accionistas y pueden aumentar sus recursos propios mediante ampliaciones de capital, las cajas ven cómo sus ritmos de capitalización están supeditados a la evolución de sus beneficios como base para la dotación de reservas.

Las cuotas permiten a las cajas mantener sus ritmos de inversión y crecimiento con altos niveles de solvencia

Para paliar esta situación, las cajas recurrieron a la emisión de títulos como deuda subordinada o participaciones preferentes que con ciertos límites tenían la consideración de recursos propios. A medida que estas vías se han ido agotando en algunas entidades al aproximarse a su límite de cómputo, se retoma el interés por las cuotas participativas.

Se trata, por lo tanto, de títulos que emitidos por una caja de ahorros pasan a formar parte de sus recursos propios básicos, lo que les permite mantener sus ritmos de inversión y crecimiento garantizando unos niveles de solvencia adecuados a un entorno cada vez más complejo. Necesidad que se acrecienta si consideramos que los cambios contables incorporados por las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's) para el ejercicio 2005 generarán mayores dosis de volatilidad en los resultados de las entidades financieras.

Otra característica es que se constituyen como valores negociables, es decir, que cotizarán en mercados organizados como la Bolsa. Esto las dota de liquidez, al tiempo que permite que la gestión de las entidades se someta al escrutinio de los mercados. El grado de aprobación que los inversores otorguen a la gestión y estrategia de cada caja quedará reflejado en la evolución de la cotización de sus cuotas participativas.

Sin derechos políticos

Aunque, hasta ahora, las características definidas nos podrían llevar a pensar que estamos ante un instrumento asimilable a las acciones, existe con respecto a éstas una diferencia significativa. Las cuotas no otorgan ningún derecho político a sus titulares, salvaguardando la actual forma jurídica de las cajas de ahorros, hasta el extremo de que la ley contempla la amortización automática de las cuotas si un cambio normativo les otorgase derechos políticos.

Los únicos derechos que confieren estos títulos a sus tenedores son de carácter económico, siendo el más destacable la participación en los beneficios de la entidad en el porcentaje que supone el volumen de cuotas emitidas sobre el total de recursos propios. Esta participación en beneficios abre una vía para lograr una mayor fidelización del cliente al ofrecérsele una alternativa de colocación de sus ahorros vinculada a la evolución de la entidad.

Otras características a tener en cuenta son el establecimiento de límites a la titularidad, de manera que una misma persona física o jurídica no podrá ostentar directa o indirectamente un importe superior al 5% del total de cuotas vigentes; son títulos nominativos que se desembolsarán íntegramente en el momento de la suscripción, y su duración es indefinida.

En definitiva, un instrumento novedoso que facilita a las cajas de ahorro obtener recursos propios sin perder su forma jurídica, y que pone a disposición del ahorrador un producto en el que colocar sus ahorros. Un instrumento financiero que adquiere relevancia estratégica para las cajas al abrir una importante vía para seguir avanzando en un crecimiento sólido.

Javier García de Paredes es secretario general de Caixa Galicia.