La ley es igual para todos

A raíz de la presentación pública de las investigaciones dirigidas por el doctor Simón, de la fundación del Instituto Valenciano de Infertilidad, que han culminado con la obtención de dos líneas de células madre embrionarias, el Ministerio de Sanidad solicitó al consejero de Sanidad, V. Rambla, la documentación relativa al proceso de investigación. Este hecho ha suscitado una intensa polémica alimentada por el PP, que se ha movido en la línea habitual de confusión e inexactitud en las afirmaciones. La intención de regularizar a posteriori estas investigaciones no ha sido formulada con ánimo inquisitorial, ni discriminatorio para la investigación valenciana, sino simplemente porque la ley es igual para todos.

Desde luego nosotros los socialistas no hemos cambiado de posición, ya que desde el inicio del debate hemos reiterado la necesidad de un control público, sin fisuras, que impida el mal uso de estas investigaciones y además garantice la calidad y el rigor científico y ético exigible a la investigación biomédica en general. Este control es además acorde con los consensos básicos alcanzados en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Así, es coherente con el consenso sobre el estatus moral del embrión y el destino de los preembriones congelados sobrantes de la técnicas de fertilización in vitro, alcanzado en el seno de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida en abril del 2000 y que el gobierno de José Mª Aznar ocultó durante más de dos años, documento que proponía, con una serie de requisitos previos, la modificación de la ley de reproducción asistida de 1988 para permitir la investigación con los embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida.

Además, la ley 45/2003 de modificación de la ley sobre técnicas de reproducción asistida de 1988, y el real decreto por el que se aprueba el Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, establecen las condiciones bajo las que deben desarrollarse la investigaciones. Procedimientos que en sus últimos detalles deben ser definidos y controlados por el centro nacional y los organismos a él vinculados como son la Comisión de seguimiento o el Banco Nacional de Líneas Celulares.

El proceso, excepto la autorización final de las investigaciones, que será realizada por cada comunidad autónoma en ejercicio de sus competencias en investigación, debe cumplir unos requisitos que en su conjunto no pueden ser considerados como "ponerle puertas al avance científico", sino simplemente como garantías inexcusables.

Una parte de estos procedimientos están pendientes de regulación a través de un decreto, actualmente en fase de proyecto y en proceso de información pública -para la que se requieren unos tiempos y consultas preceptivas-. No es por tanto "burocracia", son procedimientos propios de un Estado de derecho. Además, el retraso sufrido por este desarrollo normativo se debe a que el Consejo de Estado lo devolvió al gobierno, al obviar el ejecutivo de Aznar la consulta previa obligada a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, hecho que ya ha sido subsanado. Se anuncia su promulgación en un par de meses.

La memoria selectiva de los populares oculta la realidad de que ya en noviembre de 2001 el Grupo Socialista presentó en el Congreso una proposición de ley con el mismo objetivo que el propuesto por la Comisión Nacional, que fue rechazada el 12 de febrero de 2002; en junio de 2002 se presentó otra iniciativa legislativa del grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida rechazada de nuevo por el voto en contra del PP.

Lo que raya en la obscenidad es que Rambla y el PP acusen reiteradamente al nuevo gobierno socialista de un retraso del que conocen no es responsable o de un sectarismo nunca practicado.

Lo cierto es que fue clara la oferta del nuevo gobierno de suscripción de un convenio de colaboración con el objetivo de cofinanciar el centro valenciano en las mismas condiciones que los suscritos con Andalucía y Cataluña. Acuerdo de mayor alcance que el firmado, el 31 de marzo, entre el gobierno central en funciones y el valenciano, que sólo recoge un compromiso genérico de cofinanciación del Centro de Investigación Valenciano: "El presente convenio marco, por sí sólo, no comporta obligación económica alguna por las partes. Los compromisos de financiación habrán de ser determinados y sólo podrán ser materializados a través de convenios específicos de desarrollo".

Y todo ello, a pesar de los modos con los que ha actuado Rambla, haciendo trampa al promover las investigaciones de tapadillo, mientras a otros se las seguían prohibiendo. Tan de tapadillo que lo único que había trascendido públicamente como proyecto de investigación valenciano era la solicitud del IVI a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida para obtener células madre embrionarias de embriones triploides -por lo tanto no viables- y que aquélla autorizó el 24 de mayo, o el anuncio el pasado 16 de abril de que Valencia tendría un banco de producción de células madre de origen embrionario en 2005 y afirmaba en esas fechas Carlos Simón que "entonces aún faltará un año para obtener los primeros frutos. El primer paso será elaborar un registro de todos los embriones con más de cinco años congelados". Lo que hoy sabemos es que las investigaciones ya estaban en marcha. Además, si los controles a que deben someterse las líneas celulares para considerarlas estables, -con el objetivo de comprobar que las células no han empezado a diferenciarse- dura en torno a un año, ¿qué son las líneas val-1 y val-2? ¿líneas ya consolidadas o no? ¿las investigaciones, cuándo se iniciaron? ¿comenzaron hace más de un año? Demasiadas preguntas sin respuesta considerando que la ley 45/2003 entró e vigor el 23 de noviembre de 2003.

Lo cierto es que todos los centros y equipos de investigación en medicina regenerativa tenían paralizadas sus investigaciones con células madre embrionarias en espera de la última regulación normativa. Así, el pasado mes de marzo la ministra Ana Pastor advirtió a la Junta de Andalucía que era ilegal la importación de líneas celulares de Suecia cedidas gratuitamente por el instituto Karolinska. En este caso ni se manipulaban embriones pero tampoco se comerciaba ni se importaba ya que la cesión se producía en el marco de la UE.

Lo que sorprende es que algunos con memoria selectiva reduzcan las cautelas de Ministerio de Sanidad y el respeto al estado de derecho, a intereses partidistas. Y más, que les haga falta recurrir a argumentos tan "infantiles" como "lo que parece que les molesta a los socialistas es que las líneas celulares descubiertas [otra inexactitud: más bien, obtenidas] val-1 y val-2 haya sido en la Comunidad Valenciana, una comunidad donde gobierna el PP". ¿No es esto patrimonializar la ciencia?

En todo caso reiteramos que las actuaciones del Ministerio son claramente a favor de la ciencia pero propias de un Estado de derecho. Esperamos que el Consell, si puede y le dejan, cambie decididamente de rumbo y recupere el diálogo institucional; cualquier otra cosa además de ridícula (tan ridícula como buscar un nuevo pretexto para la demagogia: la lengua, el agua... y ahora ¡las células madre!) es contraria al interés de la ciencia y al interés de los valencianos.

María José Mendoza es médico y diputada socialista en las Cortes Valencianas.